El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el inicio de un proceso de fiscalización integral a las entidades municipales responsables del tránsito, frente a presuntas irregularidades en la emisión de matrículas vehiculares que habrían beneficiado a estructuras de delincuencia organizada.
Durante la sesión, los asambleístas expusieron denuncias e indicios sobre la entrega de matrículas sin el cumplimiento de los requisitos legales, situación que podría haber facilitado el uso de vehículos en actividades delictivas. Las intervenciones coincidieron en la necesidad de esclarecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control.
La resolución encargó a la Comisión de Fiscalización y Control Político el seguimiento del caso, con el objetivo de recabar información, convocar a autoridades competentes y establecer si existen responsabilidades administrativas o penales.
El debate también abordó el respeto a las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, subrayando que el proceso busca garantizar transparencia y legalidad en los sistemas de matriculación vehicular.
Con esta decisión, la Asamblea incorporó el tema a su agenda de control político, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana frente al accionar del crimen organizado.
Asambleísta por la provincia de Tungurahua
