El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió dos temas relevantes en materia de fiscalización y seguridad. En primer lugar, aprobó solicitar el inicio de un proceso de fiscalización y un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado a la empresa Diletto, con el objetivo de analizar sus posibles nexos políticos en los contratos suscritos con gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y determinar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos.
Durante la sesión, los legisladores señalaron la necesidad de transparentar los procesos de contratación a nivel local y fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.
Adicionalmente, el Pleno expresó su respaldo al trabajo coordinado entre el Bloque de Seguridad ecuatoriano y las autoridades españolas, que permitió la captura en Málaga, España, de Wilmer Chavarría Barré, alias “Pipo”, señalado como integrante de una estructura criminal. La Asamblea destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
Con estas resoluciones, el Pleno combinó acciones de control político con un pronunciamiento de apoyo a las estrategias de seguridad del Estado.