Mi postura frente a la Ley de Desarrollo Agropecuario: certezas para el campo y compromisos reales
Esta semana participé en el Pleno de la Asamblea Nacional para debatir el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario. Mi exposición fue técnica y se enfocó en la política agraria, partiendo de una constatación real: el campo ecuatoriano arrastra una crisis estructural y nuestros pequeños productores han cargado con la parte más pesada de este abandono durante décadas.
En mi intervención mencioné que el texto actual no está a la altura del diagnóstico necesario para el país. Es una ley que dice mucho pero obliga poco; reconoce derechos y principios, pero deja decisiones centrales en manos del Ejecutivo sin plazos ni consecuencias claras. Cuando la política pública carece de obligatoriedad, simplemente no llega al territorio, dejando al productor solo frente al mercado, al clima y al endeudamiento.
Sostuve que uno de los puntos más delicados es la fijación de los precios de sustentación. No podemos permitir que el ingreso de las familias campesinas dependa de resoluciones temporales y excepcionales del Gobierno de turno. Esta falta de previsibilidad genera una precariedad institucional que impide planificar la siembra o acceder a créditos. Como ejemplo de esta falta de regulación, mencioné el reciente sacrificio de millones de gallinas ponedoras, una consecuencia directa de un mercado que opera sin una planificación estatal clara.
También enfaticé que la ley comete el error de no diferenciar los modelos productivos. Intenta regular bajo las mismas reglas a la agricultura familiar campesina, que sostiene la alimentación nacional, y a la agroexportación, que ya cuenta con ventajas logísticas y financieras consolidadas. Tratar realidades tan distintas como si fueran lo mismo profundiza las brechas y las barreras estructurales de acceso a tierra y riego.
Finalmente, señalé que esta ley debe abordar con seriedad la dimensión climática y la necesidad de un censo agrícola obligatorio. No podemos permitir que se reproduzca la lógica histórica de favorecer únicamente al sector exportador mientras la agricultura familiar queda atrapada en programas asistenciales. Necesitamos una norma que cree condiciones materiales para vivir y sostener el campo con dignidad.
Por estas razones, haré llegar a la Comisión de Soberanía Alimentaria observaciones concretas para corregir este proyecto y lograr que responda de verdad a la realidad del campo ecuatoriano.
Pueden ver toda mi intervención en mis redes sociales.
Un abrazo para todas y todas.
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
