Llevamos el expediente de Ecuador ante el Congreso de Estados Unidos, la OEA y la CIDH. No fue un viaje diplomático de cortesía: fue una denuncia concreta sobre el uso de recursos estadounidenses en operativos que han vulnerado derechos humanos, y sobre el desmantelamiento sistemático de las condiciones mínimas para una elección libre.
Lugar: Washington D.C., Estados Unidos
Actividad: Misión de denuncia ante el Congreso de EE.UU., la OEA y la CIDH
Hay momentos en que la política se ejerce más allá de los límites del país. Este fue uno de ellos. La crisis democrática que vive Ecuador no es un asunto interno en el sentido de que sus causas y consecuencias trascienden fronteras: hay cooperación militar, hay financiamiento externo, hay instituciones internacionales cuyo mandato existe precisamente para intervenir cuando el Estado de Derecho se quiebra. Fue con esa convicción que viajamos a Washington.
La misión tuvo tres ejes: reuniones con congresistas y centros de pensamiento estratégico, una presentación formal ante la Organización de Estados Americanos y una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cada espacio llevamos un argumento central: lo que ocurre en Ecuador no es turbulencia política ordinaria. Es una ruptura deliberada del orden constitucional.
Las reuniones en el Capitolio partieron de una premisa que los equipos de los congresistas entendieron de inmediato: los recursos de los contribuyentes estadounidenses han financiado operativos militares conjuntos en Ecuador. Y esos operativos han derivado en graves violaciones a los derechos humanos. Eso no es un dato abstracto: es una responsabilidad compartida.
Nos reunimos con las oficinas de Jesús "Chuy" García, Joaquín Castro, Ilhan Omar, Bernie Sanders, Delia Ramírez, Jonathan Jackson y Rashida Tlaib, además del Director de Política del Congressional Progressive Caucus. También sostuvimos una reunión con el Congressional Research Service, la división especializada que elabora los informes independientes que el Congreso solicita sobre cada país. Alimentar ese proceso con datos precisos es parte del trabajo legislativo que se hace desde afuera.
Los temas fueron directos: la deriva autoritaria del gobierno ecuatoriano, los riesgos de escalar una política de seguridad basada en militarización, la obstrucción sistemática a la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional y la necesidad de establecer acciones legislativas conjuntas en defensa de las libertades civiles y la democracia.
Antes de llegar al Capitolio, pasamos por los centros de análisis que informan el debate de política exterior en Estados Unidos. Con CIVIC — Center for Civilians in Conflict — discutimos los mecanismos de protección de la población civil en contextos de militarización creciente. Con el International Crisis Group analizamos los riesgos concretos de seguir escalando la violencia estatal como respuesta al crimen organizado. Con el CEPR — Center for Economic and Policy Research — evaluamos el impacto económico y social de las políticas de seguridad implementadas. Cada conversación aportó capas al argumento: no alcanza con la denuncia moral, hace falta el respaldo técnico.
Ante la Organización de Estados Americanos presentamos un expediente que documenta la alteración del orden democrático con evidencia puntual. No son opiniones: son hechos verificables que configuran, uno por uno, las causales de intervención que la propia Carta Democrática Interamericana establece.
Las autoridades que debían cumplir un mandato de cuatro años siguen prorrogadas desde 2024 sin sustento constitucional claro. Siete movimientos políticos han sido proscriptos hasta la fecha, entre ellos RC5, la mayor fuerza opositora del país. El calendario electoral fue manipulado para adelantar las elecciones y comprimir la campaña a 14 días, un plazo récord para elegir a 500 autoridades en condiciones sistemáticamente desfavorables para la oposición. Y por si todo eso fuera poco, el proceso contempla una zona gris de 90 días entre la votación en noviembre y la publicación de resultados en febrero: una ventana opaca donde las garantías de integridad electoral son prácticamente inexistentes.
Nuestras peticiones ante la OEA fueron concretas: una Misión de Determinación de Hechos inmediata para evaluar la autonomía del CNE antes del despliegue de la misión de observación electoral, la exigencia de que Diana Atamaint comparezca a explicar el adelanto electoral y las proscripciones, el cuestionamiento de la legitimidad de autoridades prorrogadas bajo el Art. 3 de la Carta, una Misión de Custodia Técnica Permanente para eliminar la zona gris de 90 días, y la activación del Art. 20 ante la alteración del orden constitucional.
Hemos cumplido con el país. Ahora la OEA tiene en sus manos el expediente que expone la ruptura del orden democrático y la amenaza hacia la integridad electoral que vive Ecuador. No podemos esperar a que el daño se consuma. La OEA debe evolucionar de la recomendación a la acción preventiva. El Art. 18 de la CDI nos faculta.
La visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cerró la misión con el argumento más profundo: la crisis ecuatoriana no es solo una disputa electoral o una pugna de poderes. Es una vulneración sistemática de derechos protegidos por el sistema interamericano, y como tal, exige respuesta del sistema interamericano.
Presentamos seis pedidos concretos. Que la CIDH exija el cumplimiento de la Carta Democrática para garantizar el derecho a elegir y ser elegido, hoy cercenado por las proscripciones. Que se realice una revisión independiente de casos donde el principio de inocencia y el derecho a la defensa han sido atropellados mediante condenas anticipadas. Que se autoricen las audiencias públicas que Ecuador ha solicitado para analizar casos políticos individuales. Que se investigue la vulneración a la libertad de expresión y la obstrucción a las funciones parlamentarias. Que se solicite información al Congreso de Estados Unidos sobre las operaciones militares conjuntas en territorio ecuatoriano. Y que se inste al Ejecutivo a cesar el hostigamiento y las represalias administrativas contra jueces y magistrados que emiten fallos independientes.
Cada uno de esos pedidos tiene nombre y apellido. No son abstracciones: son situaciones documentadas que el sistema interamericano tiene la obligación de atender.
Hay quienes creen que ir a Washington es una gestión alejada de la gente. Pensamos lo contrario. Cuando el gobierno cierra los canales internos de fiscalización, bloquea la labor parlamentaria y usa el aparato del Estado para hostigar a sus críticos, el único camino que queda es llevar el caso a los foros donde esos mecanismos de control todavía funcionan. Hacer política para servir a la gente significa, a veces, ir hasta donde sea necesario para que la verdad encuentre el espacio que le niegan en casa.
Volvemos con compromisos concretos de seguimiento y con interlocutores que ahora conocen la dimensión real de lo que ocurre en Ecuador. El trabajo continúa. La democracia no se defiende con declaraciones: se defiende con acciones sostenidas, con alianzas estratégicas y con la disposición de decir la verdad aunque incomode. Seguiremos haciéndolo.
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Defendemos la vida, la naturaleza y la soberanía del Ecuador.
Despacho de la Asambleísta Verónica Íñiguez — Loja — Movimiento Revolución Ciudadana
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
