Durante la Sesión 972 del Pleno de la Asamblea Nacional, la asambleísta Dra. Mariana Yumbay expuso sus críticas y observaciones en el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, calificado como urgente en materia económica. La legisladora enfatizó la necesidad de fortalecer la inversión pública en el sector energético, en lugar de depender exclusivamente de la iniciativa privada.
En su discurso, la Dra. Yumbay denunció lo que considera una estrategia sostenida por parte de los gobiernos de derecha para desmantelar lo público, afectando sectores clave como la salud, la educación y la energía. "Nos quieren hacer creer que la única solución es lo privado, cuando el Estado ha dejado de invertir en mantenimiento y construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y energías renovables, como lo manda la Constitución", señaló.
Criticó la propuesta de ley, subrayando que no resolverá el problema de los apagones, y recordó que leyes anteriores, como la Ley de Competitividad Energética, tampoco cumplieron con sus promesas. La asambleísta insistió en que la inversión pública es esencial para garantizar el desarrollo, empleo digno, seguridad y servicios básicos de calidad, incluidos la energía y la educación.
Además, destacó que cualquier inversión privada en el sector energético debe estar bajo el control del Estado, para asegurar que se cumplan con las obligaciones legales y constitucionales, y que los costos de energía eléctrica sean regulados para proteger a los ciudadanos. También abogó por la inclusión de la inversión comunitaria, en el marco del Estado plurinacional, como una alternativa para generar energías renovables respetuosas de la naturaleza y de los derechos colectivos.
La Dra. Mariana Yumbay concluyó su intervención subrayando que las nuevas iniciativas deben ser respetuosas de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, y anunció que presentará sus propuestas por escrito para que sean consideradas por la Comisión encargada del proyecto.
Su formación académica es notable, destacándose como Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador.
Ha alcanzado diversos logros académicos, entre ellos, su especialización en Derechos Colectivos por la Universidad Andina Simón Bolívar, su título de Magíster en Derecho Penal y Criminología obtenido en la Universidad Autónoma Regional de los Andes-Ambato, y su diploma en Derechos Humanos y Democracia por la misma institución. Su experiencia académica también incluye una destacada participación como experta en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
A nivel profesional, la Dra. Yumbay Yallico ha dejado una huella significativa. Ha colaborado como asesora y consultora para importantes organismos como CARE ECUADOR, ECOLEX, AYUDA POPULAR NORUEGA, PROLOCAL, AME y el BANCO MUNDIAL. Además, ha brindado asesoría a diversas organizaciones campesinas, indígenas y no indígenas en todo el país.
En el ámbito judicial, la Dra. Yumbay Yallico ha marcado hitos importantes al convertirse en la primera mujer indígena Jueza de Garantías Penales y de Tránsito de Bolívar, así como la primera mujer indígena Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Su destacada trayectoria también la llevó a presidir la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
A nivel gubernamental, ha ocupado el cargo de Subsecretaria Social y de Articulación del Recurso Hídrico en la Secretaría del Agua (SENAGUA).
Su compromiso con la academia se refleja en su labor como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, la Universidad de Guayaquil y el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari. Además, ha compartido su conocimiento como ponente y conferencista en diversas universidades e instituciones en numerosos países, incluyendo Costa Rica, Canadá, España, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, México, Guatemala, Brasil, Panamá, Suecia, Estados Unidos, entre otros.
También ha sido reconocida como miembro del Consejo de Expertos sobre Consulta Previa, Libre e Informada de Latinoamérica, así como del Grupo de trabajo por el Pluralismo Jurídico de Latinoamérica (PRUJULA).