Quito, 18 de marzo de 2025 – En la Sesión 1016 del Pleno de la Asamblea Nacional, la legisladora Dra. Mariana Yumbay votó a favor de la Ley Orgánica de la Primera Infancia, durante su segundo debate y aprobación. En su intervención, la asambleísta expresó su firme respaldo a esta normativa, destacando su relevancia como herramienta jurídica clave para combatir la desnutrición crónica infantil y garantizar el desarrollo integral de niños y niñas en el Ecuador.
La Dra. Yumbay lamentó que la provincia de Bolívar, a la que representa, figure como la segunda con mayor índice de desnutrición crónica infantil a nivel nacional, solo detrás de Chimborazo, y que el Ecuador ocupe el segundo lugar en América Latina en esta problemática, después de Guatemala. “La desnutrición es una realidad dolorosa que rompe el proyecto de vida de miles de niños y niñas en nuestro país”, señaló.
La asambleísta hizo énfasis en que la aprobación de la ley debe ir acompañada de políticas públicas, programas integrales y asignación efectiva de recursos económicos. “Es urgente dotar de presupuesto a los programas de atención en salud, nutrición, agua potable y educación, especialmente en los primeros mil días de vida, etapa crítica para prevenir la desnutrición y garantizar un desarrollo adecuado”, afirmó.
Asimismo, recordó que la Constitución de la República establece, en sus artículos 45 y 46.1, el deber del Estado de proteger la salud, nutrición y desarrollo integral de la niñez desde la concepción hasta los seis años, lo que hace aún más urgente la aplicación efectiva de esta normativa.
La legisladora también alertó sobre las consecuencias económicas y sociales de no atender esta problemática. “Por cada dólar invertido en la primera infancia, se recuperan hasta 17 dólares en el futuro. Resolver la desnutrición crónica no es solo un imperativo ético, es también una oportunidad para transformar el país”, enfatizó.
Finalmente, hizo un llamado a la unidad del Parlamento y al compromiso del Ejecutivo: “Esperamos que esta ley no sea vetada, sino implementada con decisión. Hoy más que nunca, es momento de saldar la deuda histórica que el Estado tiene con la niñez ecuatoriana”.
Dra. Mariana Yumbay YallicoSu formación académica es notable, destacándose como Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador.
Ha alcanzado diversos logros académicos, entre ellos, su especialización en Derechos Colectivos por la Universidad Andina Simón Bolívar, su título de Magíster en Derecho Penal y Criminología obtenido en la Universidad Autónoma Regional de los Andes-Ambato, y su diploma en Derechos Humanos y Democracia por la misma institución. Su experiencia académica también incluye una destacada participación como experta en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
A nivel profesional, la Dra. Yumbay Yallico ha dejado una huella significativa. Ha colaborado como asesora y consultora para importantes organismos como CARE ECUADOR, ECOLEX, AYUDA POPULAR NORUEGA, PROLOCAL, AME y el BANCO MUNDIAL. Además, ha brindado asesoría a diversas organizaciones campesinas, indígenas y no indígenas en todo el país.
En el ámbito judicial, la Dra. Yumbay Yallico ha marcado hitos importantes al convertirse en la primera mujer indígena Jueza de Garantías Penales y de Tránsito de Bolívar, así como la primera mujer indígena Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Su destacada trayectoria también la llevó a presidir la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
A nivel gubernamental, ha ocupado el cargo de Subsecretaria Social y de Articulación del Recurso Hídrico en la Secretaría del Agua (SENAGUA).
Su compromiso con la academia se refleja en su labor como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, la Universidad de Guayaquil y el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari. Además, ha compartido su conocimiento como ponente y conferencista en diversas universidades e instituciones en numerosos países, incluyendo Costa Rica, Canadá, España, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, México, Guatemala, Brasil, Panamá, Suecia, Estados Unidos, entre otros.
También ha sido reconocida como miembro del Consejo de Expertos sobre Consulta Previa, Libre e Informada de Latinoamérica, así como del Grupo de trabajo por el Pluralismo Jurídico de Latinoamérica (PRUJULA).
