Con el envío de 11 preguntas a la Corte Constitucional del Ecuador, para una Consulta Popular, propuesta por el presidente Daniel Noboa, la asambleísta, Dra. Mariana Yumbay, cuestionó el financiamiento del referéndum cuando se ha mencionado que el Estado no tiene dinero.
Además, alertó que el gobierno pretende desperdiciar cerca de 50 millones de USD en un comicio inútil, que no implica alteraciones fundamentales a la Constitución, ya que cuyos temas pueden ser resueltos con voluntad política y reformas legales gestionadas desde la Asamblea Nacional; también mencionó que la Ley de Seguridad Pública ya prevé la participación complementaria de las Fuerzas Armadas, aunque la iniciativa amplía el control de manera "permanente" de las acciones preventivas contra organizaciones criminales, lo que requerirá la definición de lineamientos por parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado "COSEPE", sin involucrar al pleno legislativo.
La legisladora explicó que, dentro del cuestionario, 10 preguntas cuentan con anexos, siendo la referente al control permanente de armas, municiones, explosivos y accesorios en rutas autorizadas para ingreso a centros de rehabilitación social, la única exenta de anexo. Cabe aclarar que el mayor número de preguntas se centran en reformas al Código Orgánico Integral Penal.
Al referirse a la pregunta No 3, advirtió que esta, podría interpretarse como una autorización amplia para el uso letal de la fuerza, planteando posibles excesos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, por lo que comentó que dicha pregunta, necesita de un análisis amplio y detallado.
También mención que, ocho interrogantes demandarán proyectos de ley a ser debatidos y aprobados en la Asamblea Nacional, al contrario de la pregunta 8 que trata la evaluación y auditoría a las declaraciones patrimoniales de los servidores de la Función Judicial, que según la asambleísta Yumbay, debería ser responsabilidad directa de la Contraloría y del Consejo de la Judicatura.
Al respecto de la pregunta 11, sobre los casinos, recalcó que causa dudas su pertinencia en una consulta de 50 millones de dólares, y que merece un análisis profundo de quienes serán los beneficiarios directos, ya que, según especialistas, esta clase de actividades facilitan el lavado de activos y la ocultación de recursos ilícitos vinculados al crimen organizados.
Actualmente, las 11 preguntas están bajo consideración de la Corte Constitucional, que dispone de 20 días para calificar las propuestas, y emitir un dictamen con relación al Artículo 195 del Código de la Democracia, que establece que una reforma legal debe ser previamente negada por la Asamblea Nacional antes de ser sometida a la ciudadanía.
Para finalizar, la asambleísta, cuestionó la justificación de la consulta popular, sugiriendo que el paquete de reformas al COIP podría enviarse a la Asamblea Nacional, ahorrando dinero al país, evitando gastos innecesarios, subrayando la integridad y los objetivos reales para solucionar los problemas que tiene el Ecuador.
Dra. Mariana Yumbay YallicoSu formación académica es notable, destacándose como Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador.
Ha alcanzado diversos logros académicos, entre ellos, su especialización en Derechos Colectivos por la Universidad Andina Simón Bolívar, su título de Magíster en Derecho Penal y Criminología obtenido en la Universidad Autónoma Regional de los Andes-Ambato, y su diploma en Derechos Humanos y Democracia por la misma institución. Su experiencia académica también incluye una destacada participación como experta en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
A nivel profesional, la Dra. Yumbay Yallico ha dejado una huella significativa. Ha colaborado como asesora y consultora para importantes organismos como CARE ECUADOR, ECOLEX, AYUDA POPULAR NORUEGA, PROLOCAL, AME y el BANCO MUNDIAL. Además, ha brindado asesoría a diversas organizaciones campesinas, indígenas y no indígenas en todo el país.
En el ámbito judicial, la Dra. Yumbay Yallico ha marcado hitos importantes al convertirse en la primera mujer indígena Jueza de Garantías Penales y de Tránsito de Bolívar, así como la primera mujer indígena Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Su destacada trayectoria también la llevó a presidir la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
A nivel gubernamental, ha ocupado el cargo de Subsecretaria Social y de Articulación del Recurso Hídrico en la Secretaría del Agua (SENAGUA).
Su compromiso con la academia se refleja en su labor como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, la Universidad de Guayaquil y el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari. Además, ha compartido su conocimiento como ponente y conferencista en diversas universidades e instituciones en numerosos países, incluyendo Costa Rica, Canadá, España, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, México, Guatemala, Brasil, Panamá, Suecia, Estados Unidos, entre otros.
También ha sido reconocida como miembro del Consejo de Expertos sobre Consulta Previa, Libre e Informada de Latinoamérica, así como del Grupo de trabajo por el Pluralismo Jurídico de Latinoamérica (PRUJULA).
