El día de hoy, por unanimidad, aprobamos la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, la cual tiene como objetivo principal el incremento de la pena privativa de libertad en varios delitos, tales como: terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, secuestro, tráfico de armas, entre otros.
La mayoría de las reformas son similares al proyecto de ley que presenté en los primeros 15 días de mis funciones, en el mes de noviembre del año 2023. Dicho proyecto quedó pendiente para su aprobación en el pleno de la Asamblea Nacional porque al gobierno no le convenía. Evidentemente, como dije en su momento, no se requería una consulta popular ni el gasto innecesario de 62 millones de dólares.
Estas reformas legales constituyen facultades de los legisladores, del Presidente de la República, de la ciudadanía y de las funciones del Estado, sin necesidad de consultas.
No obstante, somos respetuosos del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, por eso este día, por unanimidad, hemos decidido otorgar otra herramienta jurídica al Presidente de la República para que combata el crimen organizado, sin poner pretextos y sin culpar a terceros.
Sin embargo, dejamos claro que solo el incremento de las penas no es suficiente; es necesario depurar y fortalecer el sistema de administración de justicia, la fuerza pública y demás funciones del Estado. De la misma forma, se requiere, de manera urgente, la implementación de políticas públicas para garantizar salud, educación, trabajo, alimentación y la erradicación de la pobreza en nuestro país. Solo con bala y cárcel no se resuelve la inseguridad.
Seguimos cumpliendo con nuestro plan de trabajo legislativo y dando respuestas al pueblo ecuatoriano.
Su formación académica es notable, destacándose como Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador.
Ha alcanzado diversos logros académicos, entre ellos, su especialización en Derechos Colectivos por la Universidad Andina Simón Bolívar, su título de Magíster en Derecho Penal y Criminología obtenido en la Universidad Autónoma Regional de los Andes-Ambato, y su diploma en Derechos Humanos y Democracia por la misma institución. Su experiencia académica también incluye una destacada participación como experta en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
A nivel profesional, la Dra. Yumbay Yallico ha dejado una huella significativa. Ha colaborado como asesora y consultora para importantes organismos como CARE ECUADOR, ECOLEX, AYUDA POPULAR NORUEGA, PROLOCAL, AME y el BANCO MUNDIAL. Además, ha brindado asesoría a diversas organizaciones campesinas, indígenas y no indígenas en todo el país.
En el ámbito judicial, la Dra. Yumbay Yallico ha marcado hitos importantes al convertirse en la primera mujer indígena Jueza de Garantías Penales y de Tránsito de Bolívar, así como la primera mujer indígena Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Su destacada trayectoria también la llevó a presidir la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
A nivel gubernamental, ha ocupado el cargo de Subsecretaria Social y de Articulación del Recurso Hídrico en la Secretaría del Agua (SENAGUA).
Su compromiso con la academia se refleja en su labor como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, la Universidad de Guayaquil y el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari. Además, ha compartido su conocimiento como ponente y conferencista en diversas universidades e instituciones en numerosos países, incluyendo Costa Rica, Canadá, España, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, México, Guatemala, Brasil, Panamá, Suecia, Estados Unidos, entre otros.
También ha sido reconocida como miembro del Consejo de Expertos sobre Consulta Previa, Libre e Informada de Latinoamérica, así como del Grupo de trabajo por el Pluralismo Jurídico de Latinoamérica (PRUJULA).