Robustecer el marco institucional y la capacidad agenciosa de la Contraloría General del Estado, es el objetivo de la propuesta presentada hoy en la Asamblea Nacional. La iniciativa está relacionada,, principalmente, con la caducidad, la falta de comprensión y utilización de los dispositivos de control, el incumplimiento a los plazos de los procesos administrativos, la poca instrumentación jurídica y la impunidad en casos que terminan perjudicando al Estado.
Los procesos administrativos que lleva adelante la Contraloría General del Estado concentrados en la evaluación del uso eficiente de los recursos y ligados con la transparencia institucional, no siempre determinan la prevención de una acción administrativa sancionatoria per-se; el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone la facultad de este organismo para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones estatales, y los actos de las personas que administran, destinan, emplean recursos públicos, sujetas a esta Ley, para determinar responsabilidades con un plazo de vigencia (caducidad jurídica) de siete años contados desde la fecha en que se realizaron las actividades o actos administrados. ¿y después de esos siete años, qué? Impunidad.
A la par, se establece un plazo máximo de 180 días para que los informes presentados por los auditores de la CGE, que corren también a partir del día en que se ordenan, so pena de perderse tiempo en asignaciones, burocracia, dilataciones, entre otras, que se prestan para malas interpretaciones de la norma. Es decir, si el plazo fenece, la autoridad competente pierde la facultad y competencia para continuar con el proceso de auditoría administrativa, lo cual recae nuevamente en en el concepto ampliado de impunidad, perjuicio para el estado y en consecuencia una afectación directa al pueblo ecuatoriano.
La propuesta reformatoria del Asambleísta Mario Ruíz Jácome, recoge una serie de variables que que apuntan a un cambio en la forma que trabaja la Contraloría; optimizar el uso del tiempo en los procesos administrativos, garantizar el debido proceso, ampliar los plazos de prescripción y caducidad establecidos en la Ley, y con ellos evitar que los administrados logren acudir a un órgano jurisdiccional que declare el vencimiento del plazo, a conveniencia. El éxito del control jurídico, según menciona el asambleísta, se sustenta en la regulación, innovación, perfeccionamiento y supervisión de los procesos legales, porque justamente las leyes no son estáticas y deben adecuarse al día a día, a la experiencia.
El texto expone que en los temas donde la gestión administrativa de los dineros públicos y que se haga con estos recursos, requieren de nuevas herramientas de regulación, supervisión y cumplimiento para tomar decisiones más acertadas y justas, con los administrados y con el pueblo ecuatoriano. También incluye nuevas reglas de control, seguimiento, evaluación y consecución de logros para los encargados de las auditorías ordenadas por la Contraloría, que serán sujetos individualizados en disposiciones sancionatorias para quienes dilaten, evadan u omitan injustificadamente esta declaratoria.
Lo dicho por el asambleísta en días anteriores “No más impunidad” en una rueda de prensa por el proceso de control político que lleva adelante en contra de la Fiscalía General del Estado, bien recoge la línea de trabajo y hacia adonde apuntan las observancias del representante de imbabura por Pachakutik en la Asamblea.
Mario Ruiz Jácome, nació en la zona de Intag, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.. Es el hijo mayor de la una humilde familia, quienes migraron a la ciudad de Otavalo cuando tenía 6 años. De niño asiste a escuelas y colegios fiscales, antes de ingresar a trabajar en una empresa florícola de Tabacundo donde convive con la situación apremiante de los trabajadores de esas empresas. Su motivación lo lleva a estudiar en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador donde anida su quehacer social y se vincula a grupos de con ideología política de defensa de los derechos de los más vulnerables: trabajadores, estudiantes, indígenas, montubios, negros. Realiza actividades políticas que combina con asesorías gratuitas y socialización de los derechos colectivos en comunidades indigenas. Su acercamiento a las comunidades le permite vincularse a CHIJALLTA FICI, organización que le permite vincularse al Movimiento Indígena de la provincia de Imbabura y de Cayambe. Es Asambleísta de la provincia de Imbabura por Pachakutik.
