Con la presencia de autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito y del Servicio de Aduana del Ecuador, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado dio paso al estudio de los proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre sanciones de tránsito y la situación de mercaderías incautadas.
Dichas iniciativas corresponden al asambleísta Arcadio Bustos y la Presidencia de la República, respectivamente.
El presidente de la comisión, Mauro Andino, explicó que las reformas planteadas por Arcadio Bustos hablan de definir solo sanciones de carácter pecuniario y capacitación, sin reducir puntos en la licencia en ciertas infracciones de tránsito, por tanto, los criterios técnicos, amparados en los índices de accidentes, que maneja la ANT son importantes para preparar el informe para primer debate, enfatizó.
La seguridad vial nos convoca e involucra a todos: los entes de control, las entidades del Estado y la ciudadanía en general. La Agencia en el 2015 logró cerrar con una reducción del 7.2% a nivel nacional en siniestros de tránsito y la aplicación y vigencia del sistema de reducción de puntos fue uno de los pilares fundamentales en este proceso, por lo que debe mantenerse, dijo Lorena Bravo, directora Ejecutiva de la ANT.
Expresó que en el marco de la conciencia vial, cuando el ciudadano sabe que al cometer una infracción, está participando con una parte de sus puntos, que son responsabilidad ya de su conducta, hay, entonces, un compromiso y una respuesta de su parte.
Adicionalmente, Pablo Sevilla, procurador Síndico de la agencia, propuso fijar en cinco años, por lo menos, el tiempo de prescripción en las acciones de cobro de multas generadas por contravenciones de tránsito, a fin de que el Estado pueda ejercer acciones de cobro en este tiempo.
También habló de la necesidad de tipificar la reincidencia en los delitos de tránsito, los cuales serían sancionados con el duplo del máximo de la pena; que la adulteración de las placas de vehículos sea sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, como parte del delito de la falsificación y uso de documento público.
Mientras Denisse Rendón Vergara, Directora Nacional Jurídica Aduanera, apoyó la reforma penal formulada desde el Ejecutivo, que agilizaría la gestión de la mercancía que ha sido aprehendida por contrabando y poder llevarlas a un mejor destino, a una velocidad más rápida, por ejemplo, a ser subastadas, a ser adjudicadas gratuitamente a las instituciones públicas, específicamente al MIES, así como en el tema de destrucción cuando se trata de artículos perecibles, que pudieran causar problemas a nivel de salud pública.
Se debe establecer la figura de la subasta respecto de dichas mercaderías, para convertirlas en dinero, que iría a una cuenta flotante y sería entregado a la parte que gane el juicio, concluyó.
MG/pv
Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
