La semana anterior, en este mismo espacio, indiqué que la política controla al derecho en el país. Existe un pobre desempeño institucional, reflejado en el inexistente respeto por la constitución y la ley. Este problema no es nuevo, pero cada vez es más evidente que no se ha hecho nada por corregirlo.
Y como si fuera poco, el país miró absorto e indignado un nuevo capítulo en el uso antojadizo del derecho para favorecer a los políticos. Un juez de Manglaralto otorgó un recurso de Habeas Corpus a favor del ex - vicepresidente Jorge Glas, en condiciones poco transparentes.
No pretendo hacer un análisis jurídico de este caso. Para eso muchos abogados han manifestado públicamente sus impresiones y desazón ante este hecho que una vez más pone en entredicho la eficacia de nuestra justicia.
En menos de una semana hemos sido testigos de cómo el derecho sirve a los políticos. Lejos ha quedado su relevancia para la justicia. La ley ya no controla la política ni garantiza una convivencia pacífica entre los ciudadanos. En el Ecuador, la justicia ha quedado solamente como una moneda para intercambiar favores.
¿Cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades o de equidad, cuando la justicia no se aplica igualmente para todos? El principio de igualdad jurídica, -base de los sistemas políticos occidentales-, y la independencia de poderes, -principio rector de las Repúblicas -, son una triste quimera en el Ecuador.
Una frase aplicada desde hace décadas en el país se hace presente otra vez: “La ley se ha hecho solo para el de poncho”. Parece que solamente quienes no pueden tener acceso al poder están destinados a cumplir la ley, a obligarse a respetarla y obedecerla, mientras que el resto pueden hacer caso omiso de las normas.
Una vez más, los acuerdos oscuros, la componenda, la viveza criolla se burlan de la justicia, y abusan del poder para manejar el derecho a su conveniencia. ¿Qué debatirán en las aulas de las facultades de Derecho en el Ecuador? ¿Cómo se podrá insistir en la necesidad de fortalecer la institucionalidad ante acciones que echan por la borda las enseñanzas sobre el imperio de la ley?
Es lamentable ver como nuestras instituciones se caen a pedazos, a vista y paciencia de quienes juraron cumplirlas y hacerlas cumplir. Sin ellas no es posible responder a las necesidades de la ciudadanía, y si no logramos satisfacer las demandas de la gente la sostenibilidad del sistema político queda en entredicho. La confianza institucional, valor intrínseco en el sostenimiento del sistema democrático, cada vez es peor.
Que no nos sorprenda, si dentro de poco, la ciudadanía vuelve a gritar “Fuera Todos” como en abril de 2005. No abonemos el terreno para el aparecimiento de un nuevo “falso mesías”, ni para el retorno de quienes hicieron del país y sus recursos una feria sin control.
