Seguridad y Derechos Humanos.
En los últimos días se ha difundido la equivocada idea de que la crisis de seguridad que vivimos se debe a los Derechos Humanos.
Estos, son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.
Los derechos humanos son inherentes a todos nosotros, y su respeto, protección y promoción no son una traba para el ejercicio del poder o del monopolio legítimo de la violencia del Estado. Más bien, son necesarios para evitar el abuso estatal sobre las personas.
Sin duda, existe una confusión sobre la causalidad del crimen organizado, la inseguridad y el narcotráfico. Estos, obedecen a factores estructurales como la pobreza, la falta de educación, empleo y oportunidades laborales en la formalidad.
Por otro lado, la falta de inversión en equipamiento y formación a los órganos de seguridad, y la ausencia de controles efectivos a la corrupción, agravan los problemas de seguridad.
De acuerdo con un estudio del Banco Mundial realizado en México en el año 2006, se encontró que en los municipios con menor grado de desigualdad tuvieron tasas más bajas de delincuencia.
De igual manera, según OXFAM internacional, la pobreza incentiva a que las redes de narcotráfico y crimen organizado extiendan sus actividades en territorios con grandes desigualdades. Esto, provoca que muchas personas, ante la falta de oportunidades y la necesidad de ingresos, decidan ser parte de estas organizaciones, obteniendo réditos económicos con su participación e involucrándose en una espiral de la que difícilmente pueden salir.
Y existe un tercer factor que dificulta aún más el combate a la inseguridad. Este es la legitimidad de las organizaciones criminales ante un Estado ausente.
Tanto en Colombia, como en México, tenemos casos en los cuales el narcotráfico reemplaza al Estado, no solo como empleador de última instancia, sino también como prestador de servicios públicos, principalmente en los sectores más pobres.
Esto la hace aún más difícil el trabajo a las fuerzas de seguridad, ya que en muchos casos, es la misma población quien se opone al combate a las organizaciones delincuenciales, ya que mucha gente se ha visto beneficiada por sus actividades ilegales.
Por lo tanto, los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico y la inseguridad debe incluir tanto la coacción, como políticas públicas enfocadas en lo social. Si no se invierte en los ciudadanos, si no se le otorga la posibilidad de usar el espacio público para la cultura y el deporte, y si no se le brindan oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, la pelea contra la delincuencia será como el combate contra Hidra, por cada cabeza cortada, saldrán dos más.
Inversión social y en las fuerzas de seguridad. Solo eso nos dará una solución efectiva y con resultados en el corto y largo plazo. La inseguridad, no es culpa de los Derechos Humanos ni de sus activistas, es culpa de un Estado que olvida a su gente.
