Legisladores de diversos bloques políticos destacaron que a través del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se busca normar el uso y la propiedad de la tierra rural, la cual cumple una función social como ambiental y que se fundamenta en tres ejes transversales: la redistribución equitativa de la tierra que debe ir acompañada de un sistema integral que comprende financiamiento –créditos- y asesoramiento técnico; garantía de la soberanía alimentaria y el desarrollo sustentable de la tierra.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, expuso sus propuestas a esta normativa incluidas en seis puntos, en pos de democratizar el acceso a la tierra, garantizar que cumpla una función social y ambiental y se oriente la gestión del Estado al fomento de la producción y la soberanía alimentaria.
Estas propuestas tienen que ver con aspectos esenciales como la redistribución de la tierra acompañada de crédito y asistencia técnica; propuestas de género para que las mujeres del campo puedan ser las legítimas propietarias de la misma; la generación de la capacidad productiva, la incorporación de componentes nacionales y transferencia de tecnología, la obligación de la Autoridad Agraria Nacional para determinar la extensión de la unidad productiva familiar.
También propuso el respeto a los asentamientos humanos en zonas de ecosistemas frágiles y amenazados, estableciendo que la Autoridad Agraria Nacional trabaje con la autoridad competente en los planes de manejo ambiental y protección de la frontera agrícola.
La titular del Legislativo calificó a la normativa como un hito histórico no solo por su contenido sino por el procedimiento implementado en la consulta prelegislativa, que alcanzó un alto nivel de consensos y una amplia legitimidad. Señaló que al impulsar esta normativa la Asamblea está atendiendo demandas históricas de los pueblos y defendiendo los derechos básicos de los ecuatorianos y ecuatorianas en los territorios.
La Ley de Tierras, mencionó, tiene por objeto regular el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, plantea su redistribución para garantizar soberanía alimentaria, a la par de respetar los territorios ancestrales y establecer el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra rural, terminando con los latifundios improductivos.
Por su parte, Isabel Mosquera, aseguró que éste es un día histórico para los montubios como para los campesinos de la Sierra, la Costa y la Amazonía, ya que el proyecto significa el fin de una injusta distribución y concentración de las tierras y que fortalecerá la soberanía alimentaria, a fin de garantizar la autosuficiencia de alimentos saludables.
Antonio Posso sostuvo que “las tierras ociosas e improductivas que no cumplen la función social y legal deben ser redistribuidas para asegurar la soberanía alimentaria, al sector campesino”, a la vez que realizó varias observaciones a las competencias de la Autoridad Agraria Nacional, argumentando que da lugar a la discrecionalidad.
Frente a ello, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, afirmó que la ley crea y define los mecanismos para que el Fondo Nacional de Tierras, redistribuya la tierra en términos equitativos, dentro de un marco de institucionalidad, “lo cual no es antojadizo, sino que responde a un mandato constitucional”.
El asambleísta Alberto Zambrano mencionó la importancia de la proscripción de las formas de concentración de las tierras, ya sea por la conformación de latifundios o el acaparamiento progresivo de tierras geográficamente dispersas.
Vanessa Fajardo enfatizó la visión participativa de la Comisión de Soberanía Alimentaria, pues los comuneros de la provincia de Santa Elena, a la cual representa, participaron de forma activa en la consulta prelegislativa. Señaló que la entrega de créditos mejorará la producción agropecuaria y por ende la productividad del país.
El legislador Pepe Acacho opinó que la entrega de derechos a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas no constituye un favor o un regalo de nadie, sino que es fruto de la lucha del movimiento indígena.
También Rosa Elvira Muñoz aclaró que la consulta prelegislativa se caracterizó por una participación amplia y dinamizada. Ciertamente, las comunidades indígenas contaron con la posibilidad de participar de forma activa, pero la autoexclusión no debe restar la eficacia de la participación ciudadana, sostuvo.
Fausto Cayambe destacó la gestión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, por su trabajo in situ en las comunidades, enfatizando que su tarea no fue de escritorio sino de puertas abiertas, a la vez que mencionó que se garantiza la seguridad y soberanía alimentaria, la productividad de las tierras a través de la redistribución y asegura el desarrollo sustentable de la tierra.
Rocío Valarezo manifestó que esta ley abriga la esperanza de la soberanía alimentaria y robustece la condición digna de quienes cultivan y producen los alimentos de la madre tierra. Afirmó que el Ecuador debe permanecer libre de semillas y cultivos transgénicos, pues el Estado regulará bajo estrictas normas la experimentación, uso y comercialización de la biotecnología y el eje constituye la bioseguridad.
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Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Visita mi Perfil
