El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que tiene, entre otros propósitos, normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma, que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y, otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.
Además, esta ley garantiza la propiedad de las tierras comunitarias, el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, de conformidad con la Constitución, convenios y demás instrumentos internacionales de derechos colectivos.
A criterio del presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Miguel Carvajal, esta ley responde a las necesidades actuales y estratégicas del país y garantiza la producción, formas de propiedad, prepara al sector rural para una época pospetrolera, permite y promueve todas las formas de inversión, la redistribución de la tierra a organizaciones de campesinos pobres para fomentar la productividad, solucionar la pobreza extrema ubicada en el sector rural y resolver los conflictos que impiden una adecuada administración.
La normativa además brinda atención a la comunidad migrante que fue incluida en el listado del artículo 15, para ser tomada en cuenta en la redistribución de tierras rurales. De esta manera las personas migrantes retornadas y en proceso de retorno, pueden trasladar su conocimiento y experiencia en actividades agrícolas y pecuarias, lo que permitirá mejorar los ingresos económicos y el desarrollo de quienes se dedican a la producción y cuidado de las tierras.
De acuerdo con Miguel Carvajal, la normativa recoge las propuestas planteadas por organizaciones de la sociedad civil, campesinas, indígenas afrodescendientes, montubias, de empresarios de todas las regiones del país, sin excluir ninguna opinión por posiciones políticas o ideológicas.
Expuso además algunas de las modificaciones realizadas al proyecto, las mismas que tienen relación con las preocupaciones presentadas a lo largo del debate, entre ellas, los cambios en el artículo 12 de la función ambiental, modificada para que no consten los porcentajes sino para que exista en general un mandato de la ley relacionado con el mantenimiento de la cobertura vegetal, de bosque natural o plantado y que el Estado genere políticas de incentivos para la protección del suelo.
Así mismo, se refirió a la modificación en cuanto a la restricción a la inversión extranjera, cuyo texto incluye restricciones para la inversión pública extranjera, en el sentido único que no se permitirá la compra de tierras; sin embargo, si se permite la inversión en asocio con el Estado, empresas mixtas, particulares o comunas para el desarrollo agrario.
Entre otras reformas, se refirió a las precisiones realizadas al artículo 21, en cuanto a las delimitaciones especiales; ajustes a los artículos 32, 39, 41 y 44 que tiene que ver con la institucionalidad agraria para facilitar el acceso a crédito a las familias miembros de comunas; el artículo 72 del régimen de compra directa; observaciones a los contratos agrarios; precisiones sobre las expropiaciones y ajustes a las disposiciones transitorias.
GC/pv
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Visita mi Perfil
