Boletín de Prensa 022 – EMZV
Quito, 03 de julio de 2017
Con la presencia de 133, de 137 asambleístas, se desarrolló el juicio político contra el ex Contralor del Estado, Carlos Pólit Faggioni, este domingo 02 de julio del presente año. La Sesión 463 de la Asamblea Nacional tuvo cinco momentos: lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, lectura del documento enviado por Pólit, intervención del interpelante, debate de asambleístas y resolución del Pleno.
Este proceso se realizó luego que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea verificó, en sesiones anteriores, la existencia de incumplimiento de funciones constitucionales y legales, falta de probidad en el ejercicio de sus funciones públicas, falta de valores, falta de principios y de profesionalismo.
Cabe destacar que el ex contralor no estuvo presente, por lo que envió un documento para defenderse. En el mismo afirmó que no se cumplieron los debidos procesos y sostuvo que en el ejercicio de sus funciones no conoció de casos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrech.
A su turno, Daniel Mendoza, interpelante, afirmó que esas afirmaciones son falsas pues se siguieron los procedimientos respectivos y se conocieron de incumplimientos de procesos, por ello se llegó a este juicio político. “Debemos hablarle con transparencia al país, debemos hablarle con la verdad”, puntualizó Mendoza.
Al finalizar la intervención del interpelante, fueron alrededor de 18 asambleístas que expusieron sus propuestas dentro de este juicio. En los discursos se destacó la importancia de luchar contra la corrupción y sancionar a los funcionarios que la cometen. Además se sentarán precedentes para el país fortaleciendo la institucionalidad del Estado.
La Sesión se extendió por siete horas y decidió con 132 votos, de 133 asambleístas presentes, la censura a la actuación del ex contralor General del Estado, quien incumplió las funciones establecidas por la Constitución y la Ley.
Con esta decisión se dispone se remita el expediente a la Fiscalía General del Estado a fin de que se determinen los posibles indicios de responsabilidad penal y notificar con esta resolución a los 11 países integrantes de las investigaciones del caso Odebrecht.
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