Boletín de prensa EMZV Nro. 198
Quito, 26 de julio 2018.
La defensora del Pueblo, Gina Benavides, acudió a la Comisión que Atiende los casos de Desaparecidos, donde estableció la necesidad de que el Estado defina políticas integrales para enfrentar esta problemática.
La desaparición, ya sea forzada o involuntaria, es un tema de derechos humanos, que compromete derechos básicos, dijo, al alertar que en los últimos años, lamentablemente, ha crecido mucho este tipo de hechos.
Recordó que la Defensoría está para la vigilancia del debido proceso, al precisar que ha detectado nudos críticos sobre la gestión de la Fiscalía respecto de la falta de inmediatez, eficacia en los procesos investigativos en la primera fase, que son cruciales; no se recaban elementos de indagación que permitan dar con el paradero, por lo que los hechos quedan sin esclarecer.
Planteó que en el sistema de conexión exista articulación interinstitucional en los procesos iniciales entre la Fiscalía, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), morgues, hospitales, entre otras entidades.
También, consideró que hay mucha inestabilidad en la propia institucionalidad, más aún cuando se cerraron dos fiscalías especializadas, se cambian constantemente de fiscales, lo cual genera inestabilidad y graves repercusiones en los familiares, quienes entran en una revictimización, pues son obligados nuevamente a narrar el hecho, procesar diligencias, empezar desde cero y revivir el dolor, sin contar con ayuda psicológica especializada.
Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñez y Adolescencia presentará aportes al Código de Salud
Sobre la base de las propuestas y opiniones de diversas organizaciones sociales, colectivos, e instituciones, tanto nacionales, cuanto internacionales, relacionadas con temas de niñez y adolescencia, el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que dirige el legislador Franklin Samaniego, presentará aportes al Código Orgánico de Salud, a fin de que se incluyan en el debate de esta normativa.
Samaniego destacó el trabajo desarrollado en una amplia consulta con diversas entidades públicas y privadas, a fin de recoger las preocupaciones y propuestas relacionadas con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la redacción del Código de Salud.
Precisamente, este jueves, 26 de julio, este organismo recibió nuevas opiniones. Una de ellas, de Child Fund y la Red Primera Infancia, a través de Leonor Fernández, quien solicitó que en el Código se determinen con claridad los principios y enfoques relacionados con el bien superior del niño y la niña. Igualmente, que se remarque el carácter de este segmento poblacional como grupo de atención prioritaria.
La representante de este colectivo reconoció que el Código tiene buenos articulados, sin embargo, alertó que la redacción debe mantener coherencia con los principios relacionados con la garantía de derechos de los niños y niñas, así como el uso adecuado del lenguaje, en el desarrollo del texto, para evitar confusión.
Entre tanto, Laura Cotarelo, de Plan Internacional, sugirió que se incluya en el texto la existencia de espacios educativos libres de violencia, que se reconozca la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, tomando como base la prevención. Así mismo, que se contemple la prevención del embarazo adolescente y también del embarazo infantil, que -lamentablemente- también se produce en nuestra sociedad, atado generalmente a condiciones de violencia.
Luego de las exposiciones, Franklin Samaniego anunció que solicitará a la Comisión del Derecho a la Salud que reciba al Grupo Parlamentario, con el propósito de exponer las observaciones al articulado del Código Orgánico de Salud.
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