Boletín de prensa EMZV Nro. 199
Quito, 31de julio 2018
En la Sesión Nro. 531 del Pleno de la asamblea Nacional inicio del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción, la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Marcela Aguiñaga, subrayó que a través de esta normativa se pretende corregir comportamientos contrarios a la ley, lo cual corresponde, no solo a la Función Legislativa, sino a todas y, sobre todo, con base en un cambio de estructura en valores, desde la educación de nuestros niños.
Recordó que son reformas a varias leyes, como el Código Orgánico Integral Penal (Coip), las Leyes de Servicio Público, de la Contraloría General del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Función Legislativa, así como la Ley para la Prevención y Detección de Lavado de Activos. Se incluyen, dijo, los textos que ha remitido el Ejecutivo mediante el proyecto de Ley Extinción de Dominio.
Sobre la inhabilidad de desempeño de cargos públicos a quienes hayan cometido actos de corrupción, explicó que ya está en vigencia, porque fue materia resuelta en las urnas, mediante la consulta popular efectuada el pasado 4 de febrero.
Con respecto al delito de asociación ilícita, explicó que se mejora la redacción y se eliminan vacíos para su correcta aplicación. En el caso del informe previo de la Contraloría, se elimina como requisito de procedibilidad para la fase de instrucción fiscal, pero sí se lo exige para acusar, tomando en cuenta que son dos momentos procesales diferentes.
También incorpora la figura del comiso de terceros. En el Código Penal consta la comisión de bienes como producto de la infracción o bienes que son utilizados para cometerla. Además, la posibilidad de comisar bienes que no estén vinculados al delito para alcanzar el monto que se requiere para una reparación integral o restitución en función de delitos referidos a drogas y terrorismo. Ahora, en el informe se amplia esa figura para los delitos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Asamblea posesionó a Iñigo Salvador Crespo como Procurador General del Estado
La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, previa toma de juramento, posesionó al doctor Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo, como procurador General del Estado, para el período de cuatro años, conforme lo determina el artículo 235 de la Constitución.
La Titular del Legislativo, al desearle éxitos en las funciones a él encomendadas, lo exhortó a que cumpla fielmente las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.
De inmediato, Elizabeth Cabezas e Íñigo Salvador suscribieron el acta de posesión, con lo cual inicia su labor en la Procuraduría.
Así, la Asamblea Nacional cumplió con el procedimiento previsto en la ley, luego que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio notificó que, sobre la base de la terna propuesta por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, designó a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado.
Propuesta de Ley para regular el funcionamiento de organizaciones sociales será motivo de debate del Pleno.
Este jueves 2 de agosto, a partir de las 11h15, los legisladores debatirán en primera instancia el proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones sin Fines de Lucro. Además, reconocerán a la doctora Ada Yonath, Premio Nobel de Química 2009, tal como consta en la convocatoria realizada por Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional.
En efecto, el primer debate de la referida propuesta tomará como base el informe preparado por la Comisión de Participación Ciudadana, que preside el legislador Héctor Yépez. Se busca regular el ejercicio del derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, conforme lo establece la Constitución de la República.
Prevé, además, un régimen jurídico especial que se aplicará a las organizaciones civiles, tales como corporaciones, organizaciones sociales y fundaciones con finalidad social.
Inició segundo debate del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción
Durante las primeras intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional en la Sesión Nro. 531, los legisladores estuvieron de acuerdo en que el proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción es importante y debe estar dentro del interés de todos los legisladores y ecuatorianos.
Este cuerpo normativo reforma siete leyes y contiene algunas de las reformas planteadas por el Presidente de la República, Lenín Moreno, en el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, mientras que la prohibición de ejercer cargos públicos a quienes hayan incurrido en actos de corrupción, se aprobó ya en la consulta popular. Se le da las herramientas jurídicas a las autoridades para investigar los delitos relacionados a corrupción.
En el proyecto se aclara el alcance de la figura penal de asociación ilícita. Además se ratifica que los legisladores tienen capacidad para requerir información de forma individual y directa y se aclara sobre la inhabilitación para quienes hayan incurrido en delitos contra la administración pública. También consta la figura del comiso de bienes, que se adoptaría para que la ausencia del procesado no impida recuperar los recursos.
Para que se efectivicen los objetivos del proyecto, se reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las leyes del Servicio Público (Losep), del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Función Legislativa, de Prevención y Lavado de Activos, del Servicio Nacional de Contratación Pública y el Código de la Democracia.
Asamblea exhorta a todos los órganos del poder público a respetar el principio del interés superior del niño.
Con 70 votos, los legisladores se ratificaron en la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, como se define en el artículo 67 de la Constitución e insistieron en la defensa del derecho humano de los padres y madres a la libertad para criar y educar a los hijos, de acuerdo con sus principios, creencias y opciones pedagógicas, como lo garantiza la Constitución.
La resolución recuerda que el artículo 26, numeral 3 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, también reconoce este derecho, respetando la potestad del Estado para intervenir en casos concretos de violaciones de derechos, como situaciones de violencia intrafamiliar, y trabajar en la prevención del embarazo adolescente, por ejemplo.
En este marco, el Legislativo exhortó a la Corte Constitucional y a todos los órganos del poder público, en todas las funciones y niveles del Estado, a cumplir con su más alto deber, que es el respeto a los derechos garantizados en la Constitución, incluyendo el derecho de los padres para criar y educar a sus hijos según sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
Ratificó los derechos de los adolescentes y garantizó el acceso a la información, educación y capacitación sobre su sexualidad, bajo el principio del interés superior, así como su derecho a ser consultado sobre los asuntos que le afecte, garantizando el derecho de los padres y madres previsto en el artículo 29 de la Carta Suprema.
Así mismo, exhortó a la Corte Constitucional y todos los órganos de poder público a respetar de forma integral los derechos y obligaciones que corresponden a la edad de los niños, niñas y adolescentes, que prevalece sobre los demás, en concordancia con el principio de corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, respetando su interés superior y el derecho de las familias de poder elegir la educación para sus hijos.
Esta resolución obedece a la sentencia 003-18-PJO-CC dictada por la Corte Constitucional del Ecuador en la causa 0775-11-JP, que ha suscitado conmoción social al interpretarse como un intento de restringir la libertad de los padres para elegir la educación a favor de sus hijos, derecho humano garantizado en la Constitución.
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