El viernes 27 de marzo el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos mantuvimos una reunión virtual respecto a las garantías constitucionales que el Estado debe otorgar por la emergencia sanitaria y el Estado de Excepción que rige en Ecuador, debido al Covid-19. Comparecieron en la reunión el Defensor del Pueblo, a la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y al representante del Comité Permanente de los Derechos Humanos.
Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, manifestó que toda política pública, en el contexto de una emergencia, se debe orientar a garantizar el respeto a los derechos humanos. Apuntó que la institución que dirige tiene varias preocupaciones respecto al manejo de crisis, falta de transparencia en la información, adecuado presupuesto para la atención de la emergencia, entre otros aspectos.
Así mismo, resaltó que la Defensoría del Pueblo ha recibido varias denuncias sobre la falta de equipamiento e insumos en las casas de salud, escases de pruebas para el Covid-19, mal manejo en el tratamiento de cadáveres y falta de equipamiento de bioseguridad para los profesionales de la salud.
Carrión manifestó que el estado de emergencia no suprime el derecho a la libertad de expresión y control político, por lo tanto, sugirió a la Asamblea pedir explicaciones a la exministra de Salud y al Ministro de Finanzas sobre los recursos destinados para afrontar la crisis sanitaria y el pago de la deuda externa. En este sentido dijo que el Estado debió privilegiar la atención a la crisis sanitaria.
En otro tema, señaló que la fuerza pública no puede cometer excesos, sino cumplir con las competencias que le son asignadas en la Constitución y la Ley. Este pronunciamiento lo hizo respecto a las agresiones por parte de uniformados a ciudadanos que circulan en redes sociales.
Sobre las personas privadas de libertad, indicó que también se han atendido algunas denuncias y ya se toman acciones. Una alternativa es que quienes ya cumplieron el 40 % de su pena salgan en libertad, con esto se evitaría mayor contagio en los Centros de Rehabilitación Social.
Soledad García, relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entre otros puntos, indicó que los Estados deben garantizar el derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, y velar por la integridad y bienestar de las personas profesionales de la salud que están frente a la pandemia.
Resaltó que no se pueden suprimir o prohibir los derechos y las libertades de manera genérica y, en especial, no deben limitar la libertad de los medios de comunicación, las organizaciones y liderazgos sociales o políticos para buscar y difundir información por cualquier medio.
Así mismo, deben observar la obligación positiva de informar en forma completa, permanente y veraz sobre la evolución epidemiológica de la pandemia y las medidas que adoptan para combatirla. Recalcó que los Estados, también deben exigir que las empresas respeten los derechos humanos y tengan un comportamiento ético y responsable, particularmente por los impactos en los trabajadores.
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