Empezó el primer debate de la Ley de Apoyo de Ayuda Humanitaria en la Asamblea Nacional del Ecuador, en mi intervención hice una critica dura al gobierno por el mal manejo de la crisis sanitaria, y es el gobierno acostumbrado a solo buscar culpables quiere también trasladar la responsabilidad a la Asamblea Nacional, ha enviado un proyecto de Ley que en su contenido tiene errores de forma y de fondo, que se niega a corregir, los cuales aún no han sido corregidos dentro de la comisión y por ello es que me he abstuve de votar a favor del informe de la Comisión de Desarrollo Económico.
Si queremos ser parte de la solución es indispensable que en la Ley se incorporen una serie de articulados que han sido propuestos por la bancada de la Revolución Ciudadana pero que han tenido oídos sordos por parte del Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico.
Nuestra bancada ha propuesto:
Incorporar contribuciones solidarias de carácter progresivo sobre el patrimonio y sobre los activos propiedad de empresas radicadas en paraísos fiscales, con lo que se podría recaudar un estimado de 300 millones. Estos aportes recaen únicamente sobre el 1% de la población de mayores ingresos, los únicos que están en capacidad de contribuir ante la emergencia generalizada que vive el pais. No es justo que la clase media sea quien financie la crisis sanitaria, social y económica que vive el país como pretende la propuesta original del gobierno del Licenciado Lenin Moreno.
Incorporar mecanismos para que las deudas tributarias en firme, las cuales superan los 1.400 millones de dólares, puedan ser ágilmente cobrados por el Servicio de Rentas Internas, fortaleciendo de esta forma la cultura tributaria del país, tan golpeada en los últimos años por la remisión de deudas tributarias que ha beneficiado en su gran mayoría a los grandes grupos económicos del país.
Incorporar mecanismos que permitan limitar la evasión y elusión tributaria en el Impuesto a la Renta por parte de las grandes empresas, de tal forma que la tributación efectiva se eleve al 3% sobre los ingresos gravables. Reforma que podría ayudar a mejorar la recaudación en 500 millones anuales, pues los grandes grupos económicos tributaron en 2018 tan solo el 2.25% de sus ingresos, lo que está por debajo de las recomendaciones internacionales.
Solucionar los problemas de inconstitucionalidad en materia tributaria, violaciones a los artículos 300 y 301 de la Constitución de la República, que aún mantienen las contribuciones solidarias provenientes del proyecto de Ley del ejecutivo y que de momento la Comisión no ha podido enmendar en el primer debate de la Ley. Aún se viola el principio de irretroactividad, es decir se pretende para el caso de los trabajadores independientes, que estos tributen sobre los ingresos que estos promediaron en 2019, ingresos que hoy ya no existen, no hay razón alguna para que no tributen sobre los ingresos actuales. Así mismo se viola el principio de guardar la reserva de Ley para temas impositivos, no es correcto que por medio de un reglamento o un decreto se exceptúan de estas contribuciones a nuevos sectores, eso debe de constar en la Ley caso contrario esta Ley puede ser demandada por inconstitucional.
Incorporar mecanismos efectivos para dotar a la ciudadanía de liquidez e impedir que la cadena de pagos se rompa, producto del actual aislamiento y la para obligada del 70% de actividades productivas en el país.
Obligar a que la banca privada y pública sean artífices de la recuperación económica por medio de mecanismos de refinanciación sobre obligaciones que no han podido ser efectuadas durante la emergencia sanitaria y una inyección del crédito menos costosa. La banca obtuvo un incremento del 40% en sus utilidades en 2019 y hoy no quieren colaborar con la ciudadanía con crédito más barato.
Fomentar la producción nacional y resguardar las divisas del país con el fin de proteger la dolarización al incorporar una disposición transitoria que obligue a que el Comité de Comercio Exterior implemente una política arancelaria que proteja a la economía ecuatoriana de la apreciación del dólar y la devaluación de las diversas divisas de los países que sí cuentan con moneda propia. La reserva internacional en el mes de marzo, cayó en 1.290 millones de dólares.
Resguardar el empleo en el sector público, la política de despidos implementada por el actual gobierno debe parar. Una mayor caída en el empleo público, el cual de ningún modo puede ser catalogado como excesivo, genera apenas 1 de cada 10 plazas en el país recaerá en un menor nivel de consumo y por ende agrava la débil situación del país que acorde a proyecciones de entes internacionales tendrá un desplome del -6% del PIB durante el 2020.
Dotar al Banco Central de herramientas que permitan inyectar liquidez sobre la economía ecuatoriana, propuesta que tiene gran consenso en la legislatura como fue demostrado en días pasados mediante una resolución aprobada por este pleno y que fue propuesta por el colega asambleísta Carlos Bergman.
En lo relacionado a los temas laborales es necesario seguir insistiendo en el Art. 29 del Contrato especial emergente, la eliminación del término “existentes”, para así defender los derechos adquiridos de de los trabajadores y esto no termine siendo regresivo.
De la misma forma en el Art.30, de la Reducción emergente de la jornada de trabajo, estos deben tener una vigencia de máximo un año y su renovación por el mismo periodo.
Es necesario la inyección de dinero en la economía y a su vez sostener ese dinero en los bolsillos de los ecuatorianos, buscar un bienestar social por medio del IESS con la garantía de una cobertura y atención durante la emergencia sanitaria y hasta por noventa días después de levantada la declaratoria de emergencia, para todos quienes hayan quedado cesantes por pérdida de su trabajo, otorgar una moratoria por 90 días a quienes mantengan obligaciones pendientes por préstamos con todas las entidades financieras y no financieras, descuentos en los servicios básicos, los que se han tenido un incremento en sus planillas debido a que las familias ecuatorianas se encuentran en casa, descuentos en las instituciones educativas y por su puesto garantizar la estabilidad laboral, además de la creación de nuevas fuentes de trabajo en condiciones justas.
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