El martes 31 de mayo el Pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos
afirmativos y uno en blanco, destituyó del cargo de presidenta a la
abogada Guadalupe Llori Abarca, por incumplimiento de funciones,
sobre la base de la recomendación del informe de la Comisión
Pluripartidista Ad Hoc que sustanció la denuncia presentada por el
legislador Esteban Torres Cobo, al amparo de lo dispuesto en el art. 18,
inciso primero, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa
(LOFL).
Acto seguido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16, Virgilio Saquicela
tomó posesión como nuevo titular de la Asamblea Nacional
En su intervención de posesión, el presidente Saquicela aseguró que su
preocupación será que la institucionalidad de la Asamblea sea
respetada, y señaló también: “hace una semana, el Presidente extendía
su mano para dialogar, nosotros podemos extenderle las dos manos
para buscar consensos; pero antes de, no después de proponer un
proyecto de ley”, aseveró.
Invitó al Ejecutivo a buscar soluciones a la inseguridad, para buscar
leyes que beneficien al país, a sentarse con todos los sectores para
encontrar los caminos de solución a los graves problemas del Ecuador.
“Este viernes les daremos respuesta a los policías con una ley que
garantice su desempeño en el combate a la delincuencia; ojalá mañana
podamos reunirnos con todos los jefes de las bancadas para establecer
una hoja de ruta para esta Asamblea”, enfatizó.
Previamente, el legislador Abedrabbo realizó una moción para que el
Pleno de la Asamblea tome conocimiento del informe de la Comisión
Pluripartidista Ad Hoc, la que fue calificada por la presidencia de la
sesión.
En sus conclusiones, el informe señala que se ha actuado con total
apego a la Constitución, la Ley y los reglamentos; se respetó en todo
momento el derecho al debido proceso y la legítima defensa; y que, de
las pruebas aportadas por el denunciante, debidamente calificadas, se
demuestra que la abogada Guadalupe Llori incumplió lo previsto en los
artículos 129 y 140 de la LOFL, por lo que recomendó al Pleno la
destitución del cargo de Presidenta de la Asamblea Nacional.
Luis Esteban Torres reiteró los argumentos de su denuncia por
incumplimiento de funciones de parte de Guadalupe Llori, a la vez que
rechazó la judicialización de la política con la constante presentación de
medidas cautelares y acciones de protección.
En el debate participaron seis asambleístas. Marcela Holguín propuso la
resolución para aprobar el informe de la Comisión Pluripartidista y la
consecuente destitución de la abogada Guadalupe Llori Abarca como
presidenta de la Legislatura.
Salvador Quishpe, por su parte, cuestionó el procedimiento y reiteró que
están vigentes las medidas cautelares otorgadas a favor de Pachakutik,
lo cual acarreará responsabilidades legales.
La resolución aprobada con 81 votos, será notificada a la abogada
Guadalupe Llori, a la administración de la Asamblea, a la Escolta
Legislativa, así como a los titulares de las demás funciones del Estado,
entidades públicas y organismos de control. Igualmente, la resolución
será remitida al Registro Oficial para su correspondiente publicación,
entre otras disposiciones.
También está semana se resolvió con 95 votos afirmativos y dos
abstenciones, convocar a Francisco Cepeda, presidente del Consejo
Directivo del IESS; a los vocales Luis Clavijo y César Rodríguez; a
Nelson García, director general; a Daniel Rodríguez, director nacional de
Salud; al Director del Seguro Social Campesino; y, a Ximena Garzón,
ministra de Salud.
Varios son los temas que los funcionarios deberán informar: la ejecución
del plan de externalización de farmacias y su cronograma; la posición
país respecto de la suscripción del Acuerdo Mundial Histórico sobre la
prevención, preparación y respuesta frente a pandemias; los despidos
masivos de personal de la salud; la situación financiera del Fondo de
Salud del IESS; valores que adeuda a Solca y su cronograma de pagos;
la falta de abastecimiento de medicamentos, dispositivos e insumos
médicos dentro de las unidades hospitalarias; y el detalle de
medicamentos caducados en los hospitales.
También será citado, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva,
quien informará sobre el presupuesto de la Salud y los valores que el
Estado adeuda al IESS con su cronograma de pago.
Se dio inició el segundo debate del proyecto de Ley que Regula el Uso
Legítimo de la Fuerza, que tiene por objetivo normar el uso legítimo y
excepcional de la fuerza por parte del Estado, conferido a los servidores
de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de
Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, para proteger los derechos,
libertades y garantías constitucionales, así como precautelar el derecho
a la seguridad integral de los habitantes.
Algunos asambleístas señalaron también que el problema de la violencia
y la inseguridad no se soluciona solo con una ley, sino con políticas de
Estado encaminadas a la prevención y a generar condiciones de vida
óptimas.
Previo al estudio de este proyecto, los legisladores recibieron en
Comisión General a Mario Pazmiño, del Observatorio Ciudadano de
Seguridad, quien manifestó que el país requiere dotar de las
herramientas necesarias a las entidades de seguridad, para combatir
todas las modalidades delictivas, principalmente, el crimen organizado y
el narcotráfico. También asistió el Comandante de Tránsito de la Policía,
Johnny Tobar, quien aseguró que es indispensable contar con esta ley,
porque los problemas de movilidad en las carreteras también están
vinculados con actividades ilícitas como el tráfico de armas y de
sustancias sujetas a fiscalización.
Isabel Vargas, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), se mostró
contraria a la propuesta pues señala que se pretendería, bajo la figura
del uso proporcional de la fuerza, contrarrestar la protesta social, que es
el único mecanismo que tiene el pueblo para hacer escuchar su voz.
Finalmente fue recibido el representante de Naciones Unidas, Jan Jarab,
destacando el importante esfuerzo realizado por la Comisión para
enmarcar el proyecto de ley a los estándares internacionales, bajo los
principios de respeto, protección y la efectiva defensa de los derechos
humanos, sin distinción alguna.
COMISIÓN DE TRANSFERENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social
aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de
reformas a la Ley de Participación Ciudadana para la Gestión
Democrática de los Presupuestos Participativos.
El cuerpo legal, que fue presentado por la asambleísta Patricia Sánchez,
busca garantizar la inclusión de los colectivos sociales, y ampliar el
espectro de los actores que participan en la formulación y aprobación de
los presupuestos.
La normativa legal reconoce todas las formas de organizaciones
sociales, como expresión de la soberanía popular, que contribuyen a la
defensa de los derechos individuales y colectivos. Adicionalmente,
incluye a todos los grupos étnicos identificados, según su cultura y
costumbres, en el Censo del año 2010.
El legislador Humberto Alvarado resaltó que en la socialización del
proyecto participaron autoridades de diferentes entidades estatales,
gobiernos autónomos descentralizados e incluso se trasladaron a
territorio para recoger la opinión ciudadana; este criterio fue compartido
por Ricardo Chávez, quien además destacó la importancia de fomentar
los presupuestos participativos y que, para ello, se requiere asegurar
mayor participación de la ciudadanía en su formulación y aprobación.
Al finalizar la sesión, el asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la
mesa legislativa, agradeció a los comisionados, al equipo asesor, a la
Academia, profesionales, instituciones públicas, sociedad civil, entre
otros actores que han participado en la construcción de este proyecto de
ley; a la vez anunció que el informe será remitido.
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