El Pleno de la Asamblea Nacional, con 107 votos afirmativos, resolvió remitir a
la Fiscalía General del Estado copia del expediente del juicio político en contra
de María Paula Romo, exministra de Gobierno, censurada y destituida en
noviembre de 2020, para que se realicen las investigaciones para determinar
las posibles responsabilidades penales en los hechos que motivaron el referido
proceso político.
La resolución incluye que, a través de Secretaría General, se solicite al Consejo
de la Judicatura certifique si el expediente fue enviado a la Fiscalía General del
Estado, de conformidad con el oficio de 25 de noviembre de 2020, a fin de que
se efectúen los controles correspondientes.
Así mismo, el Pleno formuló un llamado al Presidente del Consejo de la
Judicatura para que, en uso de sus funciones, haga cumplir el principio de
celeridad dentro de los órganos de la Función Judicial, en lo que refiere a esta
resolución.
El debate se efectuó sobre la base del proyecto de resolución planteado por el
asambleísta Juan Cristóbal Lloret, quien consideró que lo ocurrido en octubre
de 2019 y todo lo que significó el ejercicio de la ministra Romo.
Respecto de la resolución, algunos legisladores coincidieron en la necesidad de
investigar los hechos de represión de octubre de 2019, que tuvieron como
principal protagonista a la entonces ministra de Gobierno María Paula Romo,
hechos que causaron dolor en muchas familias humildes del Ecuador.
También en esta semana se aprobó, con 109 votos afirmativos y 18
abstenciones, el proyecto de reformas a Diversas Leyes para la Garantía de los
Derechos Derivados del Apoyo Humanitario durante la Pandemia de Covid 19,
que está orientada a garantizar los derechos de quienes trabajaron de manera
presencial desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el 19 de julio de 2021,
especialmente de aquellos con funciones sanitarias o administrativas, incluidos
los médicos devengantes con beca y personal rural.
A través de la normativa, se incluye una disposición general en el Código de
Trabajo para que todas aquellas personas que hayan sido contratadas bajo un
contrato emergente y a la fecha de entrada en vigor de esta ley, hayan
superado los 90 días del período de prueba, dichos contratos tengan el
carácter de indefinido.
Además, se reforma el Código Monetario y Financiero por el cual se
reprograma el pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema
Financiero y no Financiero, que deberán efectuar acuerdos con sus clientes
para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas
generadas por cualquier tipo de obligación crediticia adquirida desde el 16 de
marzo de 2020 hasta diciembre de 2021.
Igualmente, se reprogramará el pago de cuotas de seguros generales, seguros
de vida, asistencia médica y compañías de medicina prepagada, respecto del
cobro de cuotas mensuales. Según el proyecto, los planes de medicina
prepagada no podrán ser cancelados por parte de las compañías, ni podrán
subir las primas cobradas ni los planes de medicina prepagada por el lapso de
un año posterior a la entrada en vigor de esta ley.
Se incorpora una disposición transitoria en la Ley para el Fomento Productivo,
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal,
a fin que aquellos contribuyentes que solicitaron facilidades de pago e
incumplieron una o más cuotas establecidas puedan cubrir el total del capital
adeudado hasta diciembre de 2023.
Se agregan dos disposiciones generales en el Código Monetario y Financiero
sobre la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades,
respecto de los créditos a ser concedidos a través de la banca pública, que
serán otorgados en los tres años subsiguientes a la promulgación de la ley
como apoyo a los emprendimientos productivos de las Mipymes, microcrédito,
crédito agrícola y de economía popular y solidaria; y, la condonación de
intereses de mora para los actuales deudores con entidades del sistema
financiero público o privado que incluye a estos segmentos.
COMISIÓN DE TRANSFERENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió
al asambleísta Pabel Muñoz, con la finalidad de que exponga el contenido del
informe sobre el proceso de extinción y liquidación de empresas públicas
aprobado en agosto de 2020.
En este contexto, Pabel Muñoz tras indicar que es necesario analizar lo que
está pasando en el proceso de liquidación de las empresas públicas, expresó
que la principal preocupación radica en el número de entidades que están
siendo liquidadas y si han cumplido la base legal para este propósito.
Así mismo, afirmó que se requiere conocer el número de empleados que serían
desvinculados, el destino final de las empresas y solicitar a la Contraloría
General del Estado los exámenes y auditorías que correspondan frente a este
caso, entre otros aspectos.
El presidente de la mesa legislativa Ferdinan Álvarez, anunció la decisión de
conformar una subcomisión para que investigue respecto a la liquidación de la
Empresa de Ferrocarriles.
También se tenía previsto recibir al Procurador General del Estado, Íñigo
Salvador Crespo, para que responda sobre el pago de 11 millones de dólares
que fue condenado Ecuador por incumplimiento en obligaciones contractuales
en la exploración y explotación del bloque Singue, ubicado en la Amazonía. No
obstante, el funcionario presentó su excusa.
La asambleísta Sofía Espín, quien pidió la comparecencia de Salvador,
cuestionó la inasistencia del Procurador y ratificó la decisión de iniciar el
proceso de fiscalización de este caso que tiene profundo significado técnico,
jurídico y político para el país, como es el caso Singue.
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