El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate del proyecto de
reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que busca viabilizar la
repatriación de restos mortales de los ecuatorianos que fallecen en el exterior.
El ponente del informe preparado por la Comisión de Relaciones
Internacionales, explicó que el proyecto garantiza que la repatriación de restos
mortales se efectúe con celeridad sin aumentar el dolor de las familias
ecuatorianas. La norma plantea que el Estado asuma los valores
correspondientes a la repatriación de cadáveres, brinde asistencia técnica en
todo el proceso; y, facilita que una tercera persona (no familiar) solicite de
manera excepcional la repatriación de los cuerpos.
La propuesta también determina el procedimiento de repatriación en el que
establece un plazo de 15 días para que la Comisión de Calificación se
pronuncie aceptando o negando la solicitud; posteriormente, determina un
plazo de 30 días para que se entreguen los restos mortales a Ecuador. El plazo
no contempla los casos en que la normativa o procesos administrativos o
judiciales propios del país en el que falleció la persona ecuatoriana impidan su
cumplimiento, en cuyos casos se deberá proceder con la repatriación en el
menor tiempo posible.
En el marco de la sesión 780 del Pleno de la Asamblea Nacional, se tramitó en
primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos a la Pesca Artesanal,
que reforma varias leyes para fomentar la actividad pesquera artesanal y,
sobre todo, crear políticas públicas que garanticen el oportuno acceso a
créditos, con tasas preferenciales, a fin de superar la crisis que aqueja al
sector pesquero.
El legislador Joao Acuña de la Bancada UNES, ponente del informe de la
Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y
Pesquero, explicó que este proyecto reforma varias leyes, entre ellas, el Código
Monetario y Financiero; la Ley de Fomento a la Pesca; y la Ley de Acuicultura y
Pesca, con el propósito de establecer políticas púbicas que generen créditos
productivos para la pesca artesanal, con plazos y tasas preferenciales.
Añadió que la propuesta recoge los aportes de las uniones de pescadores
artesanales, de diversos colectivos relacionados con esta actividad, así como
de las entidades y organismos públicos inmersos en la materia.
La normativa prevé métodos de acceso a créditos productivos e información
adecuada para impulsar la producción pesquera y acuícola, fortalecer la
correcta aplicación de la política pública para la consecución de la soberanía
alimentaria, considerando que más allá de generar condiciones favorables para
el pescador artesanal se debe salvaguardar los recursos hidrobiológicos, los
que no deben ser sobrexplotados, a fin de mantener el equilibrio y la
sostenibilidad de los ecosistemas relacionados con las faenas de pesca.
Así mismo, consideraron necesario que la normativa incluya disposiciones
específicas en torno a la pesca artesanal en la provincia de Galápagos, que
presenta condiciones particulares frente a la pesquería que se practica en el
resto del país.
Garantizar la protección y el bienestar de los animales que dejarán de ser
considerados cosas, sino seres sintientes, es decir, con capacidad para percibir
y responder ante estímulos de su entorno, es uno de los objetivos del proyecto
de reformas al Código Civil, que fue tramitado en primer debate en el Pleno de
la Asamblea Nacional.
El debate tuvo como base el informe preparado por la Comisión de Justicia,
que sustanció la propuesta con la participación de la ciudadanía, a fin de
consolidar el diálogo directo con los distintos actores, entre ellos,
representantes de la sociedad civil, veterinarios, expertos en Derecho Civil y
organizaciones para la defensa de la naturaleza, el medio ambiente, la
conservación y el derecho de los animales.
El proyecto crea un cuerpo normativo para que el Estado pueda contar con un
régimen jurídico de los animales y los límites en cuanto al ejercicio de la
propiedad responsable que puedan tener las personas naturales o jurídicas
sobre ellos.
Comisión general
Fernando Arroyo, del Movimiento Animalista Nacional, tras recordar que la
Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y todos sus elementos
constitutivos, entre ellos, los animales, recordó que la Corte Constitucional
reconoció a los animales como sujetos de derechos, por lo que sugirió que
sean considerados en el Código Civil
De su lado, Cristina Alarcón, de la Fundación Protección Animal Ecuador,
comentó que dejarles a los animales fuera del Código Civil, significaría dejarles
en la indefensión. Solicitó recoger el contenido de la sentencia que sobre el
tema dictó la Corte Constitucional.
La legisladora Jhajaira Urresta, como ponente del informe, señaló que la
Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y como parte
de ella, los animales. Subrayó que aún falta mucho por hacer en la situación
jurídica para garantizar una protección legal. El Estado no cumple la obligación
de asegurar la protección y el bienestar de los animales, como seres capaces
de experimentar dolor y angustia, con emociones similares a los seres
humanos y por tanto se los debe respetar, subrayó.
El asambleísta John Vinueza expuso la necesidad de volver la mirada a la
defensa y protección de la naturaleza, como parte de ella, las plantas y los
animales, mientras que Marjorie Chávez, tras afirmar que los animales son
seres que sienten dolor, con niveles de inteligencia que les permiten tomar
decisiones, por ejemplo respecto a la supervivencia, explicó que varios países
de la región ya han dictado leyes sobre esta materia, por lo que propuso
desarrollar a la par una ley de bienestar animal.
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