El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley
para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de
Expresión y de la Comunicación, que tiene como propósito promover el derecho a
la libertad de expresión y proteger a los ciudadanos de discursos de odio, violencia
y pornografía infantil, así como los derechos de quienes laboran en medios de
comunicación. El debate se realiza sobre la base del informe preparado por la
Comisión de Relaciones Internacionales, que unificó los proyectos que sobre la
materia presentaron el presidente de la República, Guillermo Lasso, los
asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina
Farinango y el exlegislador Juan Cárdenas. Previo al debate los parlamentarios
escucharon a representantes de la Academia, y gremios de periodistas y
comunicadores.
La Asamblea exhortó a la Defensoría del Pueblo a constituir una Comisión de la
Verdad
El Pleno del Legislativo exhortó a la Defensoría del Pueblo que constituya una
Comisión Especial que realice una investigación defensorial respecto de los
hechos ocurridos desde el 13 de junio de 2022, en el marco del paro convocado
por las organizaciones sociales e indígenas. Esto con el fin de establecer la
verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran
evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en
consecuencia, alcanzar la reconciliación nacional. Sugirió que en la comisión
participen expertos independientes en representación de organizaciones de la
sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales,
académicos, Iglesia y gremios profesionales.
La Comisión de Transparencia recibió al Ministro de Inclusión Económica y a la
Directora del Registro Social, para analizar la política del Bono de Desarrollo
Humano, las pensiones no contributivas, la protección y evolución de beneficiarios,
y el proceso de actualización del Registro Social. Además, junto a miembros del
Consejo de Participación Ciudadana revisó el proceso de selección de la primera
autoridad de la Superintendencia de Bancos.
El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana,
liderado por la asambleísta Esther Cuesta, aprobó el Plan y el Cronograma de
Evaluación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
Esther Cuesta explicó que la evaluación será un trabajo colectivo con las
organizaciones de migrantes y la ciudadanía. “Necesitamos saber cuánto se ha
avanzado en el plan”, añadió.
En mi intervención comenté que la participación de los migrantes en esta tarea
permitirá recoger los insumos e información establecer si se ha cumplido o no la
Ley de Movilidad Humana.
Adicionalmente, el Grupo Parlamentario recibió a representantes de las
organizaciones de cooperación CARE Ecuador, ChildFund y GIZ, que brindarán el
apoyo técnico para ejecutar el plan de evaluación de la referida ley.
María Landázuri, delegada de ChildFund Ecuador, señaló que los intereses de los
niños y niñas deben ser una prioridad, mientras que Susana Quiloango, de GIZ,
mencionó que lo principal es fortalecer a las personas en situación de movilidad
humana.
En la reunión participó también Andrés Moyón, de la Unidad de Técnica
Legislativa, quien expresó que el proceso de evaluación de las leyes surge de la
necesidad de vincular a la sociedad con el quehacer legislativo.
De su lado, la legisladora Jessica Castillo manifiesto que con este mecanismo se
busca romper las barreras en la construcción de las leyes y asegurar el
cumplimiento de la norma en beneficio de todas las personas que se encuentran
en situación de movilidad humana.
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