La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en sesión realizada en el
Auditorio del Museo Municipal de Guayaquil, recibió a distintos sectores de la ciudad, para
que expongan sus experiencias y aportes sobre el proyecto de Ley de Acción Social y
Voluntariado en el Ecuador.
En este contexto, el primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón de
Ycaza, confirmó que los bomberos voluntarios y los rentados trabajan armónicamente, a
la vez que solicitó adoptar las acciones que permitan reforzar esta actividad.
Expresó su aspiración que la norma sea aprobada en la Asamblea, a fin de que todos los
voluntarios estén perfectamente regulados y respaldados por una normativa legal.
Agradeció la apertura la mesa legislativa para tratar esta iniciativa legal con todos los
involucrados.
Julio Cando, coordinador de Control y Vigilancia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil,
felicitó a la Asamblea Nacional por llevar el trabajo de las comisiones al territorio, para que
la ciudadanía pueda exponer las prioridades y necesidades que viven las diferentes
localidades y cantones.
Resaltó la importancia de este proyecto, como herramienta para defender el trabajo del
voluntariado en el Ecuador
Así mismo, María Gracia Aguirre, directora Ejecutiva de la Asociación Coordinadora del
Voluntariado del Guayas, manifestó que necesitan recursos y apoyo para desarrollar el
trabajo de la red del voluntariado. Anunció que emprenderán campañas
comunicacionales, con la finalidad de que la gente conozca el trabajo desplegado.
“Necesitamos una ley que proteja a los voluntarios y dé el valor y la importancia que tiene
este sector”, acotó.
También, participaron representantes de albergues y fundaciones como es el caso de
Fernando Valverde, presidente de la Fundación PAN TO GO, quien planteó la creación de
un sistema de voluntariado entre la sociedad civil, organizaciones religiosas, instituciones
gubernamentales, academia, empresa privada y ciudadanía en general.
Entre tanto, Christian Chacha, director de la Fundación Oportunidad para el Cambio,
señaló que su organización presentó el “Proyecto Dar Identidad”, que tiene como objetivo
fomentar y garantizar el derecho de identidad donde toda persona pueda tener un nombre
y apellido debidamente reconocido mediante la inscripción del nacimiento.
Finalmente, el asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión, anunció que
evaluarán la información, las propuestas y sugerencias que servirán de insumos para la
elaboración del informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
Como parte del proceso de fiscalización y control político, el ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, compareció ante el Pleno de la
Asamblea Nacional, para explicar la gestión realizada por esa cartera de Estado para
garantizar la integridad de los ecuatorianos en el exterior frente al conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania.
El funcionario informó que desde el inicio del conflicto, el Gobierno condenó la invasión
rusa a Ucrania y exhortó a los líderes de ambas naciones a respetar la vida y seguridad
de sus habitantes. Indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores se contactó vía
telemática con más de 300 jóvenes para conocer su situación migratoria, y que
lastimosamente la mayoría no contaba con la documentación regularizada.
Entre las acciones emprendidas destacan la habilitación de vuelos humanitarios en los
que retornaron 639 personas y 88 mascotas; emisión de 214 pasaportes de emergencia
que permitieron el traslado de ecuatorianos a otros países por medios seguros; activación
de corredores humanitarios; y, establecimiento de un comité de emergencia con varias
instituciones del Estado.
Mencionó, también, que se habilitaron correos electrónicos, 5 líneas telefónicas, chat de
redes sociales, y varios grupos de whatsapp para mantener una comunicación fluida con
los ecuatorianos en el exterior, y entre los migrantes y sus familiares.
Se inició el primer debate el proyecto de Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes, que tiene como objetivo brindar protección y asistencia a quienes
sean víctimas de estos delitos. Para ello crea herramientas para desarrollar acciones a
favor de las víctimas, prevención y promoción de derechos, protección, asistencia,
investigación y judicialización, así como acciones a favor de las víctimas de estos delitos.
Este proyecto se basa en tres ejes fundamentales: la prevención y combate a la trata de
personas y el trafico ilícito de migrantes; la asistencia y protección a quienes son víctimas
de dichas conductas; y, el apoyo en la investigación y judicialización. Aborda estos dos
fenómenos de manera separada y completa y en razón de sus propias características con
un enfoque integral.
En esta ocasión los legisladores escucharon la opinión de varios actores sociales. Irina
Briones, del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas Manabí, explicó que las
víctimas de trata de personas provienen de familias empobrecidas y han sido marcadas
por la violencia, de ahí la importancia del proyecto para superar este problema y mejorar
las condiciones de vida.
Gabriela Arellano, de la Comisión de Asuntos Fronterizos de Venezuela, advirtió que la
movilidad da lugar a la aparición de mafias, como sucede en la frontera entre Venezuela y
Colombia, en perjuicio de los migrantes y hacia allá se debe orientar el trabajo de los
Estados. Sugirió unificar normativas para evitar las mafias y prevenir la trata de personas.
Daniel Rueda, de la Fundación Alas de Colibrí, saludó la decisión de la Asamblea
Nacional de trabajar en una ley que permita la prevención, protección y atención a
víctimas de trata de personas, especialmente niñas y mujeres, a la vez que expresó su
preocupación porque cada año se ha reducido el presupuesto. Magno Intriago Mejía, Juez
de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, presentó sus observaciones para
hacer viable la cooperación internacional e interinstitucional que prevé el proyecto para
atender a las víctimas de trata de personas.
En la comisión general también fueron escuchados Guillermo Naranjo, del CDH Fray
Matías y a Katherine Herrera, directora Nacional de Trata de Personas del Ministerio del
Interior, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la prevención y erradicar la
trata de personas, y dictar la normativa legal correspondiente, para avanzar en la defensa
de los derechos humanos.
El legislador Juan Fernando Flores, presidente de la Comisión de Relaciones
Internacionales y ponente del informe, destacó que el tratamiento del proyecto evidencia
la necesidad de trabajar en conjunto los 137 asambleístas en pro del bienestar de los
ecuatorianos y consolidar un trabajo conjunto para enfrentar el principal mal que propicia
la esclavitud del siglo 21, como es la trata de personas, un delito transnacional.
En el debate participaron las asambleístas Raisa Corral, Nathalie Viteri y Mónica Palacios,
quienes destacaron la importancia del proyecto, construido con la sociedad civil, para
prevenir y sancionar este delito que atenta contra los derechos humanos y constituye una
amenaza para la seguridad ciudadana. Asignar presupuesto para las oficinas consulares
para atender a las víctimas; combatir la pobreza para evitar la emigración; asignar
recursos a los gobiernos locales para que puedan asumir competencias en este ámbito;
trato humano y justo a los migrantes retenidos en el exterior; generar una política pública
para los migrantes, fueron entre otras las propuestas presentadas en el debate, que
continuará en los próximos días.
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