En la continuación de la sesión 776, el Pleno de la Asamblea, con
123 votos afirmativos, aprobó en segundo debate el proyecto de
Ley de Carrera Sanitaria, que tiene como propósito garantizar los
derechos del personal de la red pública de salud, para que brinden
un servicio médico de calidad en beneficio de la ciudadanía.
Así mismo, la normativa garantiza como derechos del personal
sanitario la prevención y promoción de la salud mental y asegura
espacios físicos para la alimentación y el descanso. Sostuvo que,
en cuando a los factores para la remuneración, se aclara la forma
de aplicar los años de servicio para que pueda ser considerado
dentro del ámbito público como privado.
La normativa actuará como instrumento de gestión y regulación
para promover el desarrollo integral del talento humano en salud,
respecto a jornadas de trabajo, remuneración justa,
reconocimiento, promoción, ascenso y permanencia del personal;
la movilidad horizontal, el régimen de ingreso, modalidades de
recambio, desvinculación.
En la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y
Control Social, que preside Ferdinan Álvarez, el ingeniero Raúl
González Carrión defendió la legalidad de su designación como
superintendente de Bancos, efectuada por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras haber sido
escogido de la terna enviada, en legal y debida forma, por el
presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.
Raúl González se declaró indignado por la información que ha
circulado en medios de comunicación, sobre todo en formato
digital, quienes han vilipendiado su nombre. “Esto nace desde
aquel 19 de julio, cuando presenté mi plan de trabajo ante el
Consejo de Participación Ciudadana. Minutos después de mi
exposición, el presidente de este organismo puso en duda mi
designación, a partir de un tuit emitido por un ciudadano”, añadió.
Dijo que el 21 de julio aclaró que no tiene contrato alguno con el
Estado y presentó el certificado correspondiente. Lo que pasa es
que esa noticia falsa ciruló en medios digitales y redes, pero jamás
se contrastó la información, ni se investigó para verificar si
efectivamente había algún impedimento para que pueda ejercer el
cargo o que exista algún conflicto de intereses.
El ingeniero González aseguró que se pretende vincularlo con el
caso SUCRE, porque actuó como liquidador del Banco Territorial,
cargo que permitió recaudar importantes valores para la
devolución a los depositantes de esa institución bancaria.
Así mismo, expresó su apertura al diálogo con el Presidente de la
República quien, al parecer, estaría mal asesorado.
De su lado, el abogado patrocinador del ingeniero González,
Robert Friend, indicó que su defendido tiene derechos adquiridos
como Superintendente de Bancos, a partir del acto administrativo
de su designación, por parte del CPCCS. Por tanto, pese a la
acción de protección y la sentencia emitida por la jueza Larissa
Ibarra, de la Unidad Multicompetente de Samborondón, a su juicio
de manera ilegal e inconstitucional, el ingeniero González no
tendría impedimento alguno para que la Asamblea lo posesione en
el cargo.
Aseguró que existen varias irregularidades en el procedimiento
para la acción de protección interpuesta en Samborondón y que la
jueza no podía dar paso a la petición de la ciudadana Michelle
Guerra, por supuestas vulneraciones de derechos en el proceso de
elección del nuevo superintendente.
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