El Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos afirmativos y uno en blanco, aprobó el
informe de Evaluación a la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción
Territorial Especial Amazónica, preparado por la Comisión de Biodiversidad, el cual tiene
como propósito determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos esperados por el
legislador al momento de dictar la norma y conocer la percepción de la ciudadanía
respecto de esta ley y proponer medidas correctivas.
La evaluación de la ley tuvo como ejes temáticos los de empleo y contratación pública
preferentes; Fondo de Desarrollo Sostenible; la distribución y utilización de los recursos
de este fondo; el Fondo Común; y la creación de nuevas universidades en la
circunscripción territorial especial Amazónica.
Washington Varela, ponente del informe, tras calificar a este como un día histórico para la
Amazonía, recordó que esta ley fue promulgada en 2018. En 2021, el Consejo de
Administración Legislativa aprobó el Plan para la Evaluación Integral, que posteriormente
fue desarrollado por la Comisión de Biodiversidad. El proceso contó con la participación
de más de 600 delegados de diversas organizaciones sociales.
Entre las conclusiones, indicó que se habría perjudicado con 150 millones de dólares a la
región Amazónica, considerando la obligación de destinar dos dólares por cada barril de
petróleo exportado a favor de esta zona. No existe un avance real en lo referente a la
creación y funcionamiento de las nuevas universidades. La administración y gestión del
Fondo Común tiene un atraso enorme, de ahí que la Secretaría Técnica no ha cumplido
su rol desde 2018 a la presente fecha, razón por la cual considera necesario desarrollar
acciones de control político a esta entidad.
La resolución exige al Ministerio del Trabajo que en un plazo no mayor a 180 días, en
coordinación con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica, y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, desarrolle una plataforma tecnológica automatizada con las particularidades
propias de la Amazonía, y cumple con el porcentaje sobre el empleo preferente
establecido en la ley evaluada.
Así mismo, exige que Servicio Nacional de Contratación Pública, en un plazo no mayor a
60 días, en coordinación con el Consejo de Planificación y Desarrollo de la
Circunscripción Territorial Especial Amazónica, ejecute el control de los procesos de
contratación pública, a nivel de la circunscripción territorial amazónica, y haga cumplir el
porcentaje establecido para la contratación pública preferente.
También se incluyen exigencias a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica para que, en un plazo de 30 días, remita a la Asamblea la ejecución
presupuestaria destinada a las áreas de influencia de los proyectos estratégicos y a la
creación de centros de educación superior; al Ministerio de Energía y Minas, a través de
la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que
en igual plazo, publique y entregue a los beneficiarios de forma mensual la información
sobre la producción fiscalizada neta del petróleo extraído de la Amazonía; a los
ministerios de Energía y de Finanzas, que en 30 días emitan una resolución para el
cálculo y liquidación que determine de forma clara y precisa la producción petrolera neta
fiscalizada extraída.
Conforme lo aprobado, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales iniciará la
fiscalización y control político a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial
Especial Amazónica a la gestión del Fondo de Desarrollo Sostenible y Fondo Común
desde el año 2018 hasta julio del 2022.
En el debate, que contó con la participación de nueve legisladores, destacaron el
propósito de la Ley de la Circunscripción Amazónica, orientado a reducir las inequidades
en la asignación de recursos para este sector del país, al respeto de los derechos de la
naturaleza, la protección de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, fortalecer el derecho a la educación, en todos sus niveles y garantizar el
buen vivir de la población amazónica.
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