Los miembros del Pleno del Legislativo participaron en un amplio debate para
evaluar el presunto incumplimiento de funciones de María del Carmen
Maldonado expresidenta del Consejo de la Judicatura; y, los vocales Fausto
Murillo, José Morillo y Maribel Barreno.
27 asambleístas intervinieron en el debate para exponer sus posturas respecto
de las causales del juicio político que tienen relación con la remoción de jueces
evaluados, cuya normativa fue declarada inconstitucional; incumplimientos en
el concurso de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia; el
nombramiento de conjueces temporales; selección de jueces de la Corte
Nacional del año 2020 con la modificación de los parámetros para la
calificación un día después del inicio de la etapa de méritos; y, la existencia de
jueces en funciones prorrogadas.
Puntualizaron que al no respetar el debido proceso y la temporalidad de la
evaluación de los jueces, tal como consta en la sentencia de la Corte
Constitucional, que es de cumplimiento obligatorio, se atentó contra la
seguridad jurídica del país. Señalaron, además, que la mala actuación de la
Función Judicial es corresponsable de la crisis de inseguridad que vive el país.
Advirtieron que, a pesar de no ser uno de los motivos de este juicio político, los
medios de comunicación han publicado audios y documentos que evidencian
que los vocales del Consejo de la Judicatura se encuentran involucrados en
actos de tráfico de influencias y la injerencia de otros poderes del Estado en la
Función Judicial y que por ello, es necesario reestructurar la institucionalidad
de justicia del Ecuador.
Ante esto, los parlamentarios coincidieron en la urgente depuración del sistema
de justicia; sin embargo, cuestionaron que se juzgue a los interpelados por
motivos que no constaban en la solicitud de juicio político que fue tramitado en
la Comisión de Fiscalización.
Con 87 votos afirmativos y 49 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional
no alcanzó los votos necesarios (92) para proceder con la censura y destitución
de Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno, vocales; y, la censura
de María del Carmen Maldonado, expresidenta del Consejo de la Judicatura.
La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe para segundo
debate del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, que tiene
como objetivo brindar asistencia técnica en todo proceso de repatriación de
restos mortales.
Durante el proceso de análisis del proyecto, la mesa legislativa recibió
observaciones de asambleístas, así como de diversos sectores vinculados con
la materia, entre ellos, funcionarios estatales, representantes de la academia y
expertos en movilidad humana. También realizó mesas técnicas de trabajo con
delegados de Cancillería y se trasladó a territorio a escuchar a la ciudadanía.
El proyecto establece el procedimiento para la repatriación de restos mortales,
por tanto, las funciones principales que les corresponde ejecutar a las oficinas
consulares del Ecuador en el exterior, en materia de movilidad humana, es
decir, prestar ayuda y asistencia a las personas ecuatorianas en el exterior.
También fija las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores para
brindar asistencia, a través de las misiones diplomáticas consulares y otras
representaciones oficiales a la comunidad ecuatoriana.
A decir del equipo asesor, el proyecto se ajusta a las normas constitucionales e
instrumentos internacionales, en lo que se refiere a repatriación de restos
mortales y cuenta con un enfoque de derechos humanos.
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