El Pleno de la Asamblea Nacional, con 103 votos afirmativos, 16
negativos y 5 abstenciones, determinó incumplimiento del Plan Nacional
de Desarrollo y del Plan de Gobierno presentado por el presidente de la
República, Guillermo Lasso al Consejo Nacional Electoral; y, por
consiguiente la inobservancia a sus obligaciones contempladas en la
Constitución, y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas, sobre la disposición de presentar el Informe de Evaluación del
Plan Nacional de Desarrollo.
La Asamblea Nacional notificará el contenido del informe preparado por
la Comisión de Régimen Económico, a la Presidencia de la República,
Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación,
Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social y Contraloría General del Estado.
La asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen
Económico y ponente del informe, señaló que el Gobierno debe
solucionar la crisis de Estado. No obstante, recordó las 8 masacres
carcelarias y la falta de recursos para atender esta situación. “En
materia de salud pública se evidencia la falta de medicinas y médicos;
en educación superior la disminución de 770 millones de dólares; así
como la debilitada institucionalidad e inestabilidad económica”, agregó.
Mencionó que de las 130 metas planteadas por el Presidente de la
República no presentó información de 89; tampoco ingresó la
planificación del Plan Nacional de Desarrollo, ni la ejecución
presupuestaria. Mireya Pazmiño, dijo que en el informe a la nación se
observa que el 55,36% estuvo respaldado con información oficial;
17,86% tiene imprecisiones en las cifras; y, en el 26,78% no se
encontraron en cifras y datos de las propias instituciones
gubernamentales.
En el debate, 16 legisladores de diferentes bancadas manifestaron su
acuerdo con el informe preparado por la Comisión de Régimen
Económico en virtud que no se evidencia cumplimiento de metas y
objetivos, lo cual demuestra abandono del Estado a las necesidades del
país.
Así mismo, mencionaron la falta de claridad en el informe anual del
Ejecutivo, lo cual causa dudas e incertidumbre. Además, señalaron que
no se tomó en cuenta a los migrantes que generan remesas para el
país. Dijeron que hay inseguridad en el país, falta de oportunidades de
empleo, pobreza que va de la mano con una migración en ascenso, falta
de presupuesto en educación y salud. Lamentablemente hay ausencia
del Estado en todas las áreas, expresaron.
El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad
Humana se reunió con representantes del Consejo Nacional Electoral,
con el fin de conocer sobre el proceso que garantizará el voto telemático
de los ecuatorianos residentes en el exterior, en los términos que
establece el artículo 62 de la Constitución de la República, es decir, el
voto es universal, directo, secreto y escrutado públicamente.
La presidenta del grupo, Esther Cuesta, lleva un proceso de fiscalización
del proceso de implementación del voto telemático en 50 zonas
electorales en el exterior para la elección de los miembros del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.
Según el artículo 62 de la Constitución, las personas en goce de
derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo,
secreto y escrutado públicamente. El voto será obligatorio para las
personas mayores de dieciocho años. El voto será facultativo para las
personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de sesenta y cinco
años, los ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad.
En el exterior existen 409.250 ecuatorianos registrados en el exterior en
el padrón electoral que elegirán a los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social en febrero de 2023.
La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió a las
autoridades del sector eléctrico y económico, para que expongan la
información referente a las acciones ejecutadas dentro del proyecto
fotovoltaico denominado “El Aromo” ubicado en la provincia de Manabí.
Jorge Maingon Velasco, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, indicó que la
única participación que tuvieron en el proyecto “Aromo” fue en el cálculo
de precio de reserva.
Recordó que el 20 de agosto de 2019 recibieron la petición del Ministerio
de Energía para realizar este cálculo de reserva y en el mismo año el
Directorio adoptó la metodología, a la vez aclaró que no está entre las
competencias de la agencia intervenir en la concesión de la licencia
ambiental, misma que fue extendida con oportunidad del proyecto
“Refinería del Pacífico”.
Andrés Tomaselli, subsecretario de Política Fiscal, indicó que cuando se
convocó a la licitación de los proyectos El Aromo y Villonaco se hizo
previo a la emisión del Decreto 1190 donde se establece precisamente
que debería existir este examen de sosteniblidad y que no hubo un
preregistro o análisis por parte de Finanzas.
La asambleísta Katiuska Miranda manifestó que el Estado debe registrar
cada bien público y que para iniciar un proceso de concesión es
necesario contar con el concepto de sostenibilidad fiscal en todas la
infraestructura existente en el país.
La legisladora Luisa González, que es la peticionaria de este proceso de
fiscalización, mostró su preocupación porque con fecha 12 de julio ya se
le pidió la información al Ministro de Energía y Minas, pero que la
documentación remitida está incompleta, pues no consta el cronograma,
las especificaciones técnicas y el informe justificativo de excepcionalidad
y delegación, así como el estudio público privado, entre otros aspectos.
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