La Sesión Nº42 de la Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional (Ecuador) se enfocó en la comparecencia de autoridades para elaborar el emprendidas por el Estado sobre el proceso de Fiscalización de los Casos de Violencia contra menores. Se priorizó la fiscalización de casos de violencia y la falta de acción judicial, aprobando acciones para mejorar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Puntos claves del proceso:
Se llamó a comparecer a las autoridades para elaborar el Informe semestral de acciones .
Datos Críticos sobre Violencia y Justicia
Durante este proceso de fiscalización, se revelaron cifras alarmantes sobre la impunidad en el sistema judicial ecuatoriano:
Brecha de Impunidad: La asambleísta Mireya Pazmiño denunció que, de aproximadamente 49,000 casos de violencia sexual, solo 2,000 han obtenido una sentencia, calificando este hecho como una forma de violencia estatal adicional.
Acción Judicial: El informe aprobado por la comisión con ocho votos afirmativos resalta la falta de acción de la Función Judicial para investigar y sancionar delitos contra la integridad sexual de menores.
Violencia Institucional: Se ha iniciado un proceso de fiscalización específico sobre la violencia sexual, institucional y clerical en contra de niños, niñas y adolescentes.
Hallazgos del Proceso de Fiscalización
Falta de Asistencia: Pazmiño señaló una constante falta de asistencia de las autoridades a los llamados de la Asamblea para rendir cuentas sobre la vulneración de derechos a la salud y protección.
Contexto Educativo: Se han recopilado miles de denuncias (más de 7,500 en procesos históricos como el caso AAMPETRA) que fueron derivadas a la Fiscalía sin que se definiera un ente claro para su seguimiento.
Protocolos Deficientes: Se observaron falencias en la aplicación de protocolos por parte de autoridades educativas, señalando que muchos no se expidieron mediante Acuerdos Ministeriales, lo que redujo su obligatoriedad
Aquí los datos preocupantes:
Por su parte, @FiscaliaEcuador reporta "un déficit de 608 agentes fiscales multiplicados por tres, por secretario y asistente."
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
