Guayayquil, Ecuador. — En la Sesión 072 del Pleno de la Asamblea Nacional, realizada el 20 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec (Samborondón), la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD el proyecto de Ley Reformatoria al COOTAD con 77 votos a favor.
Los puntos clave de lo ocurrido fueron:
Control del Ejecutivo: Se otorgó al Ministerio de Finanzas la facultad de emitir lineamientos técnicos y supervisar el cumplimiento, condicionando incluso la entrega de recursos estatales al respeto de estos porcentajes.
La posisición de la asambleísta Pazmiño fue crítica respecto a este proyecto de ley por considerar que vulvera la autonomía y que los "gastos de inversión" no incluyen servicios sociales críticos que ahora quedan desfinanciados. "Amurallados en una universidad privada, a espaldas del pueblo ecuatoriano, ADN y sus cómplices aprobaron la ley que reforma al #COOTAD para licuar las deudas con los cantones y las provincias. Mi voto, con responsabilidad y valentía en contra de este nefasto proyecto de ley" dijo en sus redes sociales.
Quitar recursos a los GAD es golpear directamente a los territorios: menos obras, menos servicios, menos capacidad de respuesta local. La descentralización no puede convertirse en discurso vacío.
Discutir cambios que afectan a los territorios en medio del feriado no reduce su impacto. La autonomía y el financiamiento local son pilares del equilibrio democrático.
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
