El Pleno de la Asamblea Nacional, con 115 votos afirmativos ratificó los textos aprobados por el Parlamento sobre el proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas que garantiza presupuestos incrementales para educación y salud. La propuesta establece una fórmula de cálculo que evite que los gobiernos de turno reduzcan los presupuestos para estos dos sectores. El documento será remitido en los próximos días al Registro Oficial, una vez que se resolvió el veto parcial del Ejecutivo.
La reforma norma las preasignaciones creadas por la Constitución de tal forma que los incrementos del 0.5% del PIB se realicen en función del valor más alto entre el presupuesto inicial y el codificado, con lo cual se restringe la posibilidad de que los presupuestos para salud y educación disminuyan en el tiempo como sucedió entre los años 2018 y 2022.
Se define claramente qué rubros se deben computar en el cálculo de las preasignaciones para salud y educación inicial, básica y bachillerato lo que hace más transparente el Presupuesto General del Estado. Se impide que los presupuestos de la educación superior sufran modificaciones presupuestarias a la baja a lo largo del año.
Prevé que cuando se alcance la asignación constitucional de mínimo 6% del PIB para la educación inicial, básica y bachillerato; o, mínimo 4% del PIB para el Sistema Nacional de Salud, la proforma del Presupuesto General del Estado contendrá la asignación que permita conservar al menos dicho porcentaje en el año siguiente.
Se impide disminución de las asignaciones para enfermedades raras, huérfanas y catastróficas y el presupuesto de educación superior. La Asamblea Nacional podrá realizar una fiscalización más efectiva sobre el proceso de elaboración y ejecución del Presupuesto General del Estado.
Debate y comisión general
La asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, explicó que el veto parcial del Ejecutivo desvirtúa el objetivo de la ley y permite que año a año el presupuesto para salud y educación disminuya como ya ocurrió entre 2017 y 2022, sujeto a la ineficiencia en la gestión pública. Recordó que la normativa aprobada por el Legislativo cumple la Constitución y beneficia a la ciudadanía que es a quien va dirigida la propuesta legal.
En comisión general, Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, señaló que medio millón de estudiantes ven con preocupación el veto parcial del Ejecutivo al proyecto que garantiza presupuestos incrementales para educación y salud, más aún cuando desde hace más de 6 años hay recortes presupuestarios en estos dos sectores. Solicitó ratificar el proyecto aprobado por el Parlamento.
“No más atropellos, nunca más recortes a educación, salud, ni para atender enfermedades raras, huérfanas y catastróficas”, indicó Pablo Rodríguez, representante de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, al expresar que el país necesita garantizar el acceso a la educación y salud pública, gratuita y de calidad. Pidió ratificar la normativa trabajada.
En el debate intervinieron 17 legisladores quienes destacaron que el proyecto aprobado por el Pleno prioriza los incrementos anuales para educación inicial, básica y bachillerato y para el Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias Décimo Octava y Vigésimo Segunda de la Constitución, además que no se quite presupuesto para el tratamiento de enfermedades catastróficas.
* * *
La moción que presenté para la ratificación integra de la Ley de #PresupuestosIncrementales para Salud y Educación fue aprobada por el Pleno de la Asamblea con 115 votos. Mi compromiso con la educación y la salud se mantiene en cumplimiento del mandato popular.
Proyecto que garantiza presupuestos incrementales para educación y salud irá al Registro Oficial
#PresupuestosIncrementales
El representante de la FEUE hace un pedido a la Comisión de Régimen Económico y a la Asamblea Nacional del Ecuador para que se ratifique en la Ley de Presupuestos Incrementales para Salud y Educación. [⬇] Escuchar reporte de Radio Pichincha:
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
