En entrevista con Radio Impacto, la asambleísta Mireya Pazmiño alertó sobre los perjuicios de la reforma a la Ley de sectores estratégicos, especialmente minería, por atentar contra la soberanía, la naturaleza y el pueblo que ya se le dijo "no" a Noboa en las urnas. "Es peor que la reforma a la Ley de GAD" afirmó Pazmiño porque somete al Estado ecuatoriano a los intereses de grandes proyectos mineros.
Las empresas extranjeras explotan los recursos naturales, dejan contaminación y se quedan con la riqueza de los ecuatorianos.
Pazmiño criticó el paquete de reformas de Noboa que busca privatizar lo público. Se refirió además a la educación dual por precarizar la situación de los jóvenes y dejarlos sin pasantías pagas.
Noboa miente, y con la ayuda de aliados fomenta falsos relatos. "Pipo", ahora acusa directamente a Daniel Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio. Noboa utilizan "cortinas de humo". El juicio a Mario Godoy evidenció que la justicia actúa de forma selectiva, protegiendo a los aliados de Noboa mientras persigue a la oposición.
"El pueblo debe reaccionar" exhortó Pazmiño ala ciudadanía para su participación en los debates públicos y a verificar el voto que en cada provincia ejercen sus representantes, a favor o en contra del pueblo ecuatoriano.
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Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
