La asambleísta Mireya Pazmiño calificó como oportuno y urgente el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica reformatoria del sistema penitenciario, en un contexto marcado —según señaló— por la espectacularización de la seguridad promovida por el gobierno de Daniel Noboa.
Criticó duramente el uso de videos y recursos de inteligencia artificial para construir un relato oficial que presenta al sistema penitenciario como “modelo regional”, pese a las muertes por tuberculosis, el colapso institucional y la ausencia de control real en las cárceles.
Pazmiño contrastó ese relato con cifras que calificó de tenebrosas: 16.936 muertes violentas en 25 meses de gobierno, un número que podría aumentar al cerrarse las cifras de 2025. Alertó que esta violencia no puede normalizarse ni ocultarse con propaganda, y afirmó que el llamado Plan Fénix “nunca sirvió porque nunca existió”, siendo sepultado por la propia realidad que el gobierno intenta maquillar.
La legisladora sostuvo que la crisis penitenciaria es consecuencia directa del desmantelamiento del Estado iniciado en el gobierno de Lenín Moreno, al que responsabilizó de eliminar el Ministerio de Justicia, la inteligencia penitenciaria, la formación de guías y las garantías institucionales mínimas.
A su juicio, el gobierno de Noboa carece de identidad propia y solo imita modelos externos —Bukele o Trump— sin capacidad real de gestión, limitándose a producir videos antes que políticas públicas eficaces.
En ese marco, Pazmiño defendió la necesidad de una reforma integral, advirtiendo que una ley, por sí sola, no es suficiente sin funcionarios capacitados, recursos económicos adecuados y respeto irrestricto a los derechos constitucionales.
La asambleísta Pazmiño enfatizó que el sistema penitenciario es hoy la radiografía de la crisis del Estado, atravesado por mafias, criminalidad organizada y complicidades institucionales.
Finalmente, expuso tres ejes centrales de su propuesta:
Estos pilares, afirmó Mireya Pazmiño, constituyen una hoja de ruta estratégica real para desarticular el poder criminal que sigue operando desde las cárceles.
#Sesión65 del Pleno de la #AsambleaEc2026.
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
