El pasado 2 de julio, la Asamblea Nacional archivó el proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos, una iniciativa que permaneció estancada durante casi siete años. Esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de soluciones jurídicas responsables y técnicamente viables para los conflictos de límites en el país.
Las comunidades ubicadas en zonas de conflicto limítrofe han experimentado históricamente condiciones de incertidumbre jurídica, limitaciones en el acceso a servicios básicos y una débil presencia institucional. Estos problemas no pueden resolverse mediante normativas apresuradas o sin el debido respaldo técnico y la participación directa de los actores territoriales.
El archivo de esta ley nos da la oportunidad de corregir el rumbo. Ahora debemos trabajar en una norma técnica, legítima y respetuosa, que escuche a la gente y que garantice lo más importante: seguridad jurídica, estabilidad y desarrollo para las familias ecuatorianas.
La decisión adoptada envía un mensaje firme de responsabilidad institucional: la seguridad jurídica de quienes habitan en zonas de conflicto territorial será una prioridad en el nuevo proceso legislativo. Desde la Asamblea, el compromiso es construir normas que aporten certeza, equidad y desarrollo sostenible para todos los territorios del país.