En el Pleno de la Asamblea Nacional propuse que se solicite la renuncia del legislador Santiago Díaz, actualmente procesado penalmente. Esta iniciativa no responde a agendas políticas, sino a una convicción profunda de que la ética pública y la responsabilidad no pueden postergarse.
Representar al pueblo implica honrar la confianza depositada en nosotros. Cada decisión que tomamos influye directamente en cómo la ciudadanía percibe a sus instituciones. No podemos permitir que situaciones que comprometan la ética legislativa debiliten la credibilidad del Parlamento ni envíen un mensaje equivocado a quienes más esperan de nosotros: niñas, niños, jóvenes y familias que sueñan con un Ecuador más justo.
Con esta propuesta reafirmamos que la ley, la ética y el compromiso con el país están por encima de intereses personales o partidistas. La ciudadanía nos observa y exige integridad. Nuestro deber es responder con hechos, con coherencia y con decisiones que fortalezcan la institucionalidad y devuelvan la confianza en la política.