La lucha contra el abandono institucional y la corrupción requiere acciones firmes. Por eso, junto al Consejo de la Judicatura, realizamos un recorrido por el edificio judicial de Riobamba, una obra que debió estar al servicio de la ciudadanía, pero que permaneció más de 13 años sin uso, deteriorándose y desperdiciando millones de dólares del erario público. Esta situación representa no solo negligencia administrativa, sino una grave falta de respeto hacia la ciudadanía.
Durante la visita, anuncié en rueda de prensa el inicio de un proceso de fiscalización integral, con el objetivo de que las administraciones responsables rindan cuentas y se garantice el correcto uso de los recursos públicos. Este proceso no es un acto simbólico: se trata de recuperar la transparencia, la confianza y la eficiencia en la gestión de los bienes del Estado, asegurando que cada inversión pública cumpla con su propósito real y beneficie directamente a la población.
Esta década de abandono revela la necesidad urgente de una gestión pública eficiente, transparente y sujeta a control ciudadano. No podemos permitir que obras públicas fundamentales para el acceso a la justicia queden en el olvido mientras la ciudadanía enfrenta carencias y demoras en el servicio judicial.
Desde mi rol como legisladora por Chimborazo, tengo claro que el control político no es una opción, sino una obligación. La Asamblea Nacional debe asegurar que las instituciones del Estado trabajen con eficiencia y compromiso, especialmente en áreas tan sensibles como la justicia. Recuperar espacios judiciales abandonados es también recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
La recuperación de este edificio judicial no solo tiene un valor simbólico: es un paso concreto hacia un Ecuador más justo y transparente. Como Asamblea Nacional, mantendremos el seguimiento constante a este proceso, para que la ciudadanía vea resultados tangibles y sepa que sus derechos y recursos están siendo defendidos con firmeza.
Nuestro trabajo legislativo continuará cercano, activo y vigilante, porque la transparencia no es solo un principio: es un compromiso que protege a la ciudadanía y fortalece la democracia. Riobamba merece respeto, eficiencia y justicia, y desde la Asamblea Nacional seguiremos trabajando para que así sea.