*Segundo debate del Proyecto de Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (Impuesto verde)
Asamblea aprobó proyecto para eliminar Impuesto Verde.
Aliviar el bolsillo de los ecuatorianos que han acumulado deudas por no poder pagar el Impuesto Verde fue una de las consideraciones que tomó la Asamblea Nacional para aprobar, con 90 votos afirmativos y 29 negativos, el proyecto a través del cual se busca eliminar este tributo, a partir del 2020.
El texto, denominado Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehícular, alcanzó 90 votos a favor.
La norma unificó la iniciativa de los asambleístas de Creo, Fabricio Villamar y Homero Castanier, y la del presidente Lenín Moreno, quien en un tuit se comprometió a revisar “lo más pronto” el texto que le envíe la Asamblea. La derogatoria determina la remisión de intereses y la suspensión de procesos coactivos.
Entre los puntos más importantes del escrito está que para iniciar un proceso de chatarrización no será requisito previo la cancelación de obligaciones pendientes por dicho impuesto.
Las personas que tengan obligaciones pendientes por el denominado Impuesto Verde podrán acceder a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos. Para ello se deberá remitir una solicitud al Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 31 de diciembre de 2019. Además, los deudores tendrán facilidades de pago, entre ellas, cancelar cuotas en un período de tres años.
Este cuerpo legal fue tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo desde mayo de este año. Fabricio Villamar y Homero Castanier, legisladores de CREO, fueron los proponentes de la ley.
Castanier indicó que la ley de ocho artículos y una disposición final se unificó con la enviada por el Ejecutivo en el primer trimestre del año. “El impuesto golpeó a las familias ecuatorianas, desmejoró su capacidad adquisitiva. Y no mejoró la calidad del ambiente”, aclaró, al señalar que es en 2019 cuando se dispara el tributo porque no había descuentos.
La ley aprobada señala que las obligaciones vencidas e impagos, de este año 2019, mantendrán las mismas condiciones y beneficios de 2018, con el descuento del 50% al pago del tributo. Se extinguen las obligaciones vencidas de 2012 a 2014, pues el Código Tributario dispone la prescripción de estos valores de hasta cinco años atrás.
Para Guillermo Celi, de Suma, se hizo justicia para los ecuatorianos. “Pasaron siete años y el fondo del impuesto verde fue al presupuesto del Estado. Nada de esos recursos llegaron al Ministerio del Ambiente o a los municipios para mejorar el transporte público”, recordó. Darío Paladines, vicepresidente de la asociación de afectados por el impuesto verde, comentó que su bandera de lucha fue la condonación y remisión de la duda. “Este impuesto recabó millones y no creó proyectos de remediación ambiental en ninguna parte del país”, dijo. Tampoco logró cambiar la conducta ciudadana amigable con el medio ambiente, reconocieron los legisladores. Sin embargo, Paladines no está de acuerdo con la chatarrización, pues considera que significa “botar a la basura el patrimonio” y agregó que no es una obligación. El afectado pidió que se condonen por lo menos el 70%, porque “es una deuda ilegal”. (I)
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Primer debate del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización e Industrialización de la Palma Aceitera y sus derivados.
Sector Palmicultor genera alrededor de 43 mil empleos directos y cerca de 60 mil indirectos.
* El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Lenin Plaza, destacó que la producción de palma aceitera en el país genera alrededor de 43 mil empleos directos y cerca de 60 mil indirectos. Es un cultivo de agricultura familiar y, al momento está en crisis, de allí la necesidad de regular, promover, incentivar y estimular su producción, comercialización e industrialización y sus derivados.
El articulado de la ley aborda la necesidad del sector palmicultor de tener acceso a material genético de calidad, libre de plagas y enfermedades. Se establecen planes, programas y proyectos para mejorar la productividad de la palma aceitera, explicó Plaza.
A su criterio, un elemento innovador, que se incorpora en esta ley, tiene relación con la implementación del agroturismo en las fincas productoras de palma aceitera. Además, se incentiva una actividad alterna a este cultivo, con el fin de que los productores generen ingresos adicionales por esta actividad, lo que a la vez permitirá, a turistas nacionales y extranjeros, conocer las bondades del cultivo de la palma africana en nuestro país.
En lo referente a la comercialización, se regula la mesa de negociación de la palma aceitera, aborda la crisis por precios bajos, incluyendo, por ley, el precio mínimo de sustentación, la forma de calcularlo, la obligatoriedad del pago, así como también las sanciones que se impondrán en el caso de incumplimientos.
A decir del parlamentario, con esta normativa se busca afrontar uno de los grandes problemas que aborda el sector palmicultor, que es la falta de estudios adecuados, que determinen la necesidad o no de importar aceite, tanto de palma como sustitutos del mismo, con el fin de salvaguardar la producción y consumo de la producción nacional.
Así mismo, se determina el registro de productores, comercializadores, extractores, exportadores, importadores e industrializadores de la cadena productiva de la palma aceitera.
Lenin Plaza, asambleísta por Esmeraldas, explicó la falta de líneas de crédito aquejan y limitan el desarrollo de este sector productivo. El legislador sostiene que al momento no satisfacen la realidad de la cadena productiva; por lo tanto, la ley busca crear las condiciones para que la banca pública implemente créditos especiales, con tasas de interés preferenciales, períodos de gracia y plazos acordes a la realidad de cada una de las etapas de la cadena productiva de la palma aceitera y sus derivados.
El legislador Mauricio Proaño, de la Revolución Ciudadana, indicó que Ecuador es uno de los países que más ha crecido en el cultivo de palma africana, que contribuye con el 0.89% del PIB nacional y con el 4.53% del PIB agropecuario.
* Informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, respecto a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
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Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Derecho a la Salud |
