* Sector maicero del sur occidente exige se respete el precio oficial del maíz, el costo de semillas, abonos e insumos
Haciendo un pare a las actividades cotidianas del Pleno en el tratamiento de propuestas legales, los legisladores recibieron en comisión general a representantes del sector maicero del sur occidente del país. Exigen se respete el precio oficial de este cereal, así como el costo de las semillas, abonos e insumos, porque afecta al bolsillo de los agricultores.
Danny Guerrero, coordinador de los agricultores que se dedican al cultivo del maíz, señaló que es crítica la situación de quienes se dedican a la producción del maíz, ya que el precio oficial por saco es de 15 dólares con 25 centavos y les pagan 11, lo cual no compensa ni el costo de la producción. Además, denunció que no existe una autoridad que controle el costo del expendio de las semillas, abonos, insumos que se requieren para el proceso de plantación del maíz, lo cual constituye un atropello e injusticia para los agricultores
Otra demanda de este sector es que se les otorgue créditos con tasas de interés bajos, que podrían ir entre el 7% y 8%. Igualmente, pidió el control en las fronteras del país porque no pueden competir con los precios bajos de países vecinos que ingresan quintales de maíz.
El sector maicero necesita soluciones urgentes y sostenibles. Solicitó a los parlamentarios poner un alto a las injusticias que viven las familias que se dedican a la producción del maíz. Este mismo sentir fue expuesto por Fredy Córdova, agricultor de Loja. “No queremos que nos regalen nada, simplemente que reconozcan el esfuerzo que realizamos los productores que alimentan a la ciudad; necesitamos control, porque lo maiceros estamos trabajando a pérdida”, manifestó.
Nuestras exigencias deben ser atendidas. Urge frenar la explotación discriminada que sufre el sector maicero, agregó.
- Conocer y resolver sobre el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.
En la continuación de la sesión 593, el Pleno retomó el tratamiento del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. La Asamblea resolvió que la propuesta se incorpore como insumo en el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip), que construye la Comisión de Justicia.
La respectiva moción la presentó el asambleísta Henry Cucalón y contó con el voto unánime de 89 parlamentarios.
ecordó que la iniciativa corresponde al Consejo Municipal de Guayaquil, al enfatizar que busca endurecer las penas para sancionar delitos atroces como secuestro, violación, asesinatos, que se cometen especialmente contra grupos vulnerables (mujeres y menores de edad), así como delitos contra la administración pública.
Enfatizó que es fundamental precautelar la vida e integridad de los ciudadanos ante la grave problemática social de inseguridad que se vive en todos los rincones del país, defendiendo, así, el interés de las víctimas y no de los victimarios, a fin de que la población recobre la tranquilidad.
Acuerdo nacional
En el debate intervinieron 14 legisladores, quienes coincidieron en que el tema de inseguridad merece un tratamiento y respuesta integral, en cuyo análisis y soluciones participen las funciones del Estado y la sociedad en su conjunto, dado que ha causado grave conmoción, más aún luego del asesinato de autoridades de elección popular y jueces, así como la situación de crisis penitenciaria y el hacinamiento.
Expresaron que urge trabajar en un acuerdo nacional, para impedir que la delincuencia y el crimen organizado se apoderen del país, al tiempo de invocar a desarrollar una verdadera política de rehabilitación social que permita la reinserción de las personas privadas de la libertad a la sociedad.
Cuestionaron la actitud de ciertos jueces y fiscales que facilitan la salida de los procesados, a pesar que cuentan con 15 o más detenciones y un peligroso historial delictivo. Se debe evaluar permanentemente el accionar de los administradores de justicia en base a la calidad de sentencias, agregaron.
Puntualizaron que el 73.43 % de la población ha sido víctima de un delito, el 48 % de personas privadas de la libertad están sin sentencia, aspectos que deben ser abordados con responsabilidad. Destacaron que es importante, además, implementar el principio de la debida diligencia, tomando en cuenta la norma de la Corte Internacional de Derechos Humanos, para sancionar, de forma ejemplar, delitos contra la mujer y la familia, en razón de la condición de vulnerabilidad.
(SUSPENDIDA).........CONTINUARA.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Derecho a la Salud |
