- El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Protocolo Adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que cuenta con el dictamen constitucional favorable y es compatible con la norma constitucional del país. El instrumento internacional reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos y actores políticos.
En este marco, a través del instrumento se fortalece los derechos para la igualdad de género, para las personas con discapacidad, para los migrantes, respeta la orientación sexual, la justicia juvenil, el medio ambiente, considera las nuevas tecnologías, la identidad y las expresiones culturales para la sociedad joven Iberoamericana.
En el debate, el legislador Fafo Gavilánez, ponente del Protocolo e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, resaltó los beneficios de este instrumento que, además faculta a los Estados Parte ampliar los rangos de la mayoría de edad. Actualmente en Ecuador se la obtiene a los 18 años; con el Protocolo se amplía a los 29, lo cual constituye el 21% del total de la población y representa a 3 millones 300 mil jóvenes que se beneficiarían con este instrumento Se estima que para el año 2.048 la población joven del país sea del 40%, añadió.
Gavilánez sostuvo que el Protocolo es un instrumento necesario para considerar a los jóvenes como elemento primordial para el desarrollo social. Ofrece una visión vanguardista respecto a la necesidad de implementación de mecanismos de justicia juvenil especializada para garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
De su lado, la legisladora Esther Cuesta, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales subrayó que el Convenio también prevé mecanismos de inserción laboral para los jóvenes
El parlamentario Franklin Samaniego indicó que el Acuerdo garantiza la no discriminación; mientras que Esteban Torres mencionó que es importante en el desarrollo de la paz y seguridad de la nación.
Cada tres días una mujer es asesinada en Ecuador. Hasta octubre del año pasado, 68 mujeres fueron asesinadas. Con ello, 74 niños y niñas quedaron en la orfandad. Desde la tipificación del femicidio, en 2014, 576 mujeres fueron víctimas de asesinatos, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.
Las cifras, la indignación y la desgracia no paran. Este sábado 19 de enero se conoció el caso de Diana, una joven que fue acuchillada en Ibarra por su pareja. La violencia de género alcanza a 6 de cada 10 ecuatorianas, de acuerdo con el Instituto de Estadísticas y Censos.
Lastimosamente, esa violencia cada día gana más terreno, dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por lo que hizo un llamado a la unidad y combatir esta problemática desde todos los frentes, incluida la sociedad, pues el 80% de agresiones se cometen en el ámbito familiar.
El 5 de febrero de este año, se cumple un año de la vigencia de la Ley de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea, y el Parlamento pedirá explicaciones a las instituciones que tienen competencia en su ejecución para que informen lo que están haciendo, anunció Elizabeth Cabezas.
La norma busca prevenir y erradicar este mal, a través de la prevención, atención, protección y reparación de derechos. Son 16 entidades del Estado las encargadas de velar por estos cuatro ejes. Agrupadas crean un Sistema Nacional, a fin de trabajar de manera coordinada.
En la prevención deben articular políticas enfocadas a eliminar patrones sociocultutales que naturalizan la violencia. En cambio, si una mujer es víctima de la violencia deberán prestarle atención médica, psicológica, socioecómica y asesoría jurídica de manera inmediata y gratuita.
Si existe transgresión a su integridad, podrá pedir boletas de auxilio en las tenencias políticas y en las juntas cantonales de protección de derechos y no requiere de patrocinio de un abogado. La mujer también puede pedir instalación de dispositivos de alerta en la vivienda, que le restituyan a su hogar con las garantías suficientes; la inclusión en un programa de protección como casas de acogida; inserción en programas de inclusión social y económica; prohibición al agresor de esconder o cambiar de domicilio a sus hijos. Si la presencia del agresor en el hogar constituye una amenaza, la víctima puede pedir su salida.
De acuerdo con la norma, en el caso de que exista un inminente riesgo a su vida o seguridad, la Policía Nacional deberá ejecutar acciones urgentes: acudir inmediatamente ante la alerta; activación de protocolos de seguridad y protección; acompañar a la víctima para reintegrarla a su domicilio, si lo solicita; acompañarla ante la autoridad competente para solicitar una boleta de auxilio; y solicitará atención especializada a las entidades que conforman el Sistema.
En cambio, si se declara mediante resolución el cometimiento de los hechos, la autoridad jurídica ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. Dicha reparación podrá incluir la restitución del derecho, compensación económica, rehabilitación, garantías de que el hecho no se repita, disculpas públicas, entre otras medidas.
Autoridades deberán responder por la construcción de la central hidroeléctrica en el río Piatua,
En defensa de la salud de la población y la naturaleza, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió con 91 votos llamar a los titulares de los ministerios de Energía, Ambiente, y las agencias de Regulación y Control Minero, Arcom, y de Regulación y Control de Electricidad Arconel, ante la Comisión de Fiscalización.
Las autoridades deberán informar los motivos por los cuales se quiere construir una central hidroeléctrica en el río Piatua del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, a cargo de la empresa Genefran S.A. Además, explicarán si se ha cumplido con los estudios correspondientes para la ejecución de la obra.
La resolución fue presentada por Raúl Tello, quien sostuvo que el río Piauta, está ubicado en un espacio de reserva natural, y allí se pretende construir la central hidroeléctrica en donde se afectará los derechos de la naturaleza y de los pueblos.
El legislador cree que no se han realizado las consultas previas como lo determina la Constitución y no se ha socializado adecuadamente la construcción del proyecto.
Tras señalar que la construcción de esta central ha causado conmoción social en la población de esa localidad, recordó que las nacionalidades indígenas de Pastaza y ciudadanía en general se tomaron la troncal amazónica Puyo-Tena paralizando la circulación vehicular, pidiendo la salida inmediata de la compañía de estos territorios por vulnerar derechos colectivos y de la naturaleza, cuya responsabilidad de protección le corresponde al Estado.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Derecho a la Salud |
