El texto constitucional fue concebido, en teoría, para garantizar la equidad en la participación política. Sin embargo, más de una década después, su aplicación no ha fortalecido la democracia; por el contrario, ha permitido la proliferación de políticos irresponsables y organizaciones sin rumbo.
Con financiamiento estatal, estas agrupaciones no invierten en la formación de cuadros jóvenes ni en líderes preparados para aportar en los espacios de poder. Mientras tanto, la ciudadanía paga el costo de papeletas cada vez más extensas, repletas de candidatos que apenas alcanzan un puñado de votos, sin llegar ni al 3% de apoyo válido.
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