En el debate de las leyes económicas urgentes, la Asamblea Nacional define decisiones que inciden directamente en la estabilidad institucional y en la administración de recursos públicos sensibles para la ciudadanía. En ese contexto, el 26 de septiembre de 2025 participé en la Sesión N.º 042-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, durante el tratamiento del Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado como urgente en materia económica.
Durante mi intervención expuse la necesidad de que el debate legislativo responda a las preocupaciones reales de la población, en especial de provincias como Orellana, que históricamente han aportado de manera significativa al país y siguen demandando mayor atención en servicios e inversión pública. En ese marco, señalé que esta propuesta normativa debía analizarse desde la responsabilidad de proteger los recursos de afiliados, jubilados y ciudadanos que esperan una administración técnica y transparente.
También, manifesté que la ley no debía interpretarse como un proceso de privatización, sino como una medida orientada a fortalecer la gestión institucional, evitar improvisaciones y exigir mayor responsabilidad a quienes toman decisiones sobre los recursos públicos y de la seguridad social. De igual manera, destaqué la importancia de garantizar que los fondos se administren con criterios de sostenibilidad, seguridad y beneficio para la ciudadanía.
Mi participación en este debate respondió al compromiso de fiscalizar, deliberar y votar con responsabilidad. Desde la Asamblea Nacional seguiré defendiendo los intereses de Orellana y promoviendo decisiones que prioricen la transparencia, la sostenibilidad institucional y la protección de los derechos de la población.
Asambleísta por la provincia de Orellana
