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Enmiendas amplían derechos. Propuesta se construyó con participación ciudadana

Jueves, 03 de diciembre del 2015 - 17:15 Imprimir

El asambleísta Fausto Cayambe, en su intervención en la sesión del Pleno, aclaró que los cuatro derechos fundamentales en materia laboral: estabilidad, libertad sindical, dialogo y la huelga se mantienen. En las enmiendas ninguno de esos derechos se restringe; no es cierto que se afecte el convenio 98 de la OIT, quitando el contrato colectivo, pues el convenio habla de negociación colectiva, afirmó.

Tras reiterar que en este gobierno se ha fomentado la organización sindical, expresó antes de este gobierno habían solo 268 sindicatos y al momento existen 1442 y vamos a los 3000, lo cual nos pone como ejemplo para otros países.

A nosotros nos duele la desigualdad entre obreros y trabajadores porque hay discriminación. Las enmiendas amplían sus derechos. Se fomenta la igualdad entre obreros y servidores, es decir, hoy todos estaremos juntos y cobijados por los mimos derechos y deberes, subrayó. Dijo que las enmiendas no son retroactivas por tanto los trabajadores no perderán ninguno de sus derechos, mantendrán la organización sindical para la defensa de los derechos laborales, la huelga y todos los beneficios que otorga el Código del Trabajo y las garantías establecidas en los Convenios de la OIT.

La parlamentaria María José Carrión señaló que las enmiendas no se han hecho a espaldas del pueblo, pues se lo hizo con la participación del pueblo que dio sus puntos de vista sobre las 16 propuestas de enmienda a la Constitución.

De su lado, Alexandra Ocles indicó que las enmiendas amplían derechos de los ecuatorianos, criterio compartido por el legislador Víctor Medina quien recordó que las leyes antes solo buscaban beneficiar a un grupo privilegiado y no se pensaba en el ser humano. Hoy las leyes se hacen de cara al pueblo, se busca la seguridad integral, ampliar nuestro derecho a la comunicación, reconociéndola como servicio público que se seguirá prestando a través de medios privados, públicos y comunitarios, subrayó.

Sobre este mismo tema, el asambleísta Mauro Andino expresó que la comunicación como servicio público no atenta contra los derechos de los ciudadanos, pues la comunicación no es un negocio, un sistema mercantilista, es un servicio que satisface una necesidad integral, un derecho social, constitucional y humano que se lo debe prestar a través de los medios públicos, privados y comunitarios.

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, recordó que el antiguo Congreso realizó 12 reformas a la Constitución y a nadie se le ocurrió pensar que eran ilegítimas. Actualmente se utilizan mecanismos para modificar a través de la enmienda que se encuentran plasmados en la Carta Magna que fue aprobada por el pueblo en las urnas, por tanto, existe legitimidad para realizar este proceso.

Al hablar del derecho comparado dijo que todas las Constituciones del mundo están abiertas al cambio, ya que en el curso de los años deben responder a las realidades actuales de los pueblos, por ejemplo en los países europeos se ha dado el mayor numero de cambios a la Constitución (240) y en América Latina 141.

Entre tanto, la legisladora Cristina Kronfle sostuvo que las propuestas debieron ser consultadas al pueblo, argumentando que modifican la estructura del Estado y se conculca el derecho de los ciudadanos a participar en estos cambios de la Constitución.

Un criterio similar lo expusieron los legisladores Pepe Acacho al pedir que en vez de que la Transitoria Segunda entre en vigencia a partir del 24 de mayo de 2017 sea el 2019 y se aplique no solo para Presidente y Vicepresidente de la República y asambleístas, sino para todas las autoridades de elección popular. La legisladora Cinthya Viteri sugirió que se disponga que quienes han sido elegidos en dos ocasiones desde el 2008 no puedan postularse para un nuevo período.

El parlamentario Henry Cucalón precisó que la reforma a la Constitución se lo debe hacer con la consulta al pueblo ecuatoriano. No está de acuerdo con temas como la comunicación como servicio público y las competencias de la Contraloría.

JLVN/pv

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