Sesión 791 - #LeyGestiónDeRiesgos

Martes, 04 de octubre del 2022 - 18:20 Imprimir

Los legisladores estamos conscientes que el tratamiento del Proyecto de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos es una prioridad para el País.

Por la situación geográfica Ecuador está expuesto a una alta peligrosidad sísmica, esto quiere decir que diariamente ocurren sismos de magnitud leve. El límite de las placas sobre las que se encuentra nuestro país, es de tipo convergente. En este límite la placa de Nazca (oceánica) empuja y se desliza bajo la placa continental, (placa sudamericana) es decir dos placas tectónicas que se chocan entre sí. En cambio, en la Sierra tenemos fallas corticales o superficiales que son producto de este fenómeno de subducción. Cuando estas placas chocan se acumula energía que luego se obliga a disipar de manera brusca.

También estamos expuestos a diferentes amenazas de origen natural. Solo en los últimos años hemos sido víctimas de algunas tragedias como los deslizamientos de tierra ocurridos en mi provincia Chimborazo en los cantones de Chunchi y Guano donde decenas de familias hasta hoy no pueden recuperarse de aquella desgracia.

Erupciones volcánicas, inundaciones, aluviones como los que hace unos meses ocurrió acá en Quito en el sector de la Gasca y lamentamos la pérdida de vidas humanas.

Así podemos seguir enumerando acontecimientos que entristecieron al Ecuador a lo largo de la historia como aquel sismo de 8.8 en Esmeraldas en el año 1906 similar al de Chile donde cientos de familias fueron afectadas y murieron hermanos ecuatorianos, así como también el ocurrido en el 2016 en la Provincia de Esmeraldas y Manabí. Sismos que tiene periodos de retorno es decir que pueden ocurrir nuevamente.

Además, todos los años los fenómenos meteorológicos a consecuencia del cambio climático son más impredecibles; sin embargo. Una de las cosas que más debe llamarnos a la conciencia, es que tras un evento natural se evidencia casos que podrían evitarse, casos donde los culpables somos nosotros como sociedad. Falta de reacción inmediata, falta de planificación y coordinación, falta de toma de decisiones y organización por parte del gobierno y las autoridades locales, falta de políticas públicas, ordenanzas y falta de control para el cumplimiento, sanción y seguimiento.

Ecuador también está a expensas del crecimiento demográfico, los procesos de desarrollo y el uso del suelo que indudablemente generan amenazas de origen antrópico, como violencia, plagas, epidemias, pandemias, incendios, fuga de materiales peligrosos, entre otros, que exigen de manera urgente una Ley como la que estamos tratando el día de hoy. 

Colegas legisladores, esta realidad se vuelve más preocupante por la desatención y lentitud de las diferentes instancias del Gobierno, encargadas de estos temas para tomar las acciones pertinentes. 

El roll que deben cumplir las instituciones públicas y privadas es fundamental, quienes deberán incorporar en su estructura organizacional equipos multidisciplinarios formados académicamente en gestión de riesgos para que esta funcione de manera integral. De la misma manera los Gobiernos autónomos descentralizados son una pieza clave para diseñar e implementar sistemas integrados de gestión y control que permitan la continuidad de los procesos de una forma eficaz. 

En las diferentes reuniones de la Comisión como Patricia Núñez y el apoyo técnico de la academia, tuve la oportunidad de recomendar la incorporación del proceso de PREVISIÓN en toda la ley. La previsión entendida como la generación de información desde el territorio, como mapas dinámicos a escalas adecuadas, que permiten prever las amenazas de riesgo de desastres con el fin de que esta información se articule y los datos se actualicen a escala nacional, a fin de dar respuestas oportunas e integrales. 

En este proyecto de ley se aborda la gestión de riesgos de manera integral, con tres grandes procesos de gestión del riesgo:  1. Reducción  2. Respuesta 3. Recuperación 

También tenemos subprocesos específicos que permiten asumir la necesidad de conocer, comprender y monitorear el riesgo, dado que, sin este conocimiento previo, y el monitoreo permanente de su evolución es muy difícil atenuar los riesgos. 

En este componente es fundamental el rol de cada una de las instituciones, entidades u organismos técnicos y/o científicos asociados al sistema que son los encargados de levantar la información propia de su especialidad, así como del monitoreo permanente. Es necesario entender la responsabilidad del Estado de REDUCIR RIESGOS. Es imposible cumplir, sin el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los organismos o entidades encargadas que requieren además del apoyo presupuestario del Estado, por lo que este proyecto de ley prevé la necesidad de que sean considerados dentro de la estrategia de financiamiento del sistema. 

De igual forma, la reducción de riesgos debe incluir sistemas de alerta temprana, que actualmente son desarrollados por los gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones ciudadanas que, en muchos de los casos son los que reportan en primer lugar indicios de riesgos en función de las realidades del territorio. Sin embargo, se debe contar con las condiciones tecnológicas para que los GADS puedan cumplir con estas funciones de previsión en el tema de gestión de riesgos.

En aplicación del principio de descentralización subsidiaria, se incluye en el articulado, la obligación de que los actores responsables del conocimiento, comprensión y monitoreo, generen mecanismos necesarios para cumplir con el objetivo de reducción de riesgos.

Aunque suene repetitivo, no me cansaré de hacer notar la necesidad de fortalecer las competencias y capacidades de los GAD, a través de estructuras eficientes con la capacidad de responder y resolver de manera oportuna las diferentes situaciones de riesgos, con una conciencia preventiva y humanistas; orientada a la protección y manejo de recursos naturales, económicos y sociales. Aplicando Políticas públicas para reducir y solventar la vulnerabilidad de la población en alto riesgo.

En este sentido los GADs deben fortalecer sus capacidades de preparación para la respuesta de cada Cantón frente a los desastres naturales, a través de la organización del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal y la identificación de las acciones de preparación y reducción del riesgo, para disminuir el impacto que generan los desastres.

Según Marlon Caicedo, arquitecto y catedrático, en Quito un 60% de las viviendas son autoconstruidas. Es decir, no se levantan bajo estudios ni procesos técnicos. “Porque esto representa menos costos, pero pueden ser espacios peligrosos por muchos factores. Desde dónde se ubican (laderas, por ejemplo) hasta el material de construcción y estructura”.

Debemos reflexionar profundamente de lo que está pasando en el Ecuador que encima de los desastres naturales vemos una ineptitud del Gobierno para asumir sus responsabilidades y coordinar con los municipios.

No puede ser que todos los días frente a la mirada de las diferentes autoridades de Gobierno se siga construyendo edificaciones que sabemos, que, bajo un evento sísmico o cualquier desastre natural, colapsan y provocan la muerte de sus habitantes. 

En el Ecuador debería ser indispensable la construcción de estructuras sismo resistentes que permitan disipar energía evitando el colapso o el desplome de la edificación y basándose a la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

Esta Ley debe exigir un control permanente y sistemático para que los GAD Municipales apliquen esta normativa de manera obligatoria, o de lo contrario sean sancionados por las entidades gubernamentales pertinentes. 

Para esto es necesario la implementación de programas de gobierno que faciliten la construcción de viviendas sociales enfocadas en el cumplimiento de las normas.

Vale la pena recordar que, en los 10 años de la RC, con la ley que se encuentra vigente y con voluntad política no solamente que se fortaleció la institucionalidad con la creación de la Subsecretaria de Riesgos, sino que también, hubo una gran inversión para mitigar desastres naturales en todo el país como deslaves, inundaciones, erupciones, sequias, terremotos, de manera oportuna y articulada, con la entrega de los recursos económicos necesarios.

Por último, como Asamblea Nacional debemos acelerar la aprobación de este Proyecto de Ley. No podemos permitir que existan más víctimas y familias desprotegidas de la atención del Estado.  El Ecuador necesita recobrar la institucionalidad, tener otra mirada, una mirada sin odios para gobernar, una mirada más integral y humana. 

Gracias. Yupaichani.   

https://www.youtube.com/watch?v=WDlue0QqN48&t=11s

Asambleísta Patricia Nuñez - Sesión 791 - #LeyGestiónDeRiesgos

 

 

Patricia Núñez
Asambleísta por Chimborazo Revolución Ciudadana

Ingeniera Civil

Especialización en Economía y Administración Agrícola

Especialización en el Eje de Desarrollo Local con Énfasis en la Gestión de Recursos Naturales

Máster en Estructuras (egresada)

Máster en Formulación, Evaluación y Gestión De Proyectos Sociales Y Productivos

 

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