El 17 de febrero de 2025, como presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, dirigí la sesión N° 096, que se llevó a cabo en modalidad presencial. Tras confirmar la existencia de quórum reglamentario, constaté que no hubo solicitudes de cambios en la agenda, lo que nos permitió avanzar con los puntos programados.
Uno de los temas abordados fue el conocimiento de las resoluciones CAL-RVV-2023-2025-0148, 0149 y 0150, relacionadas con requerimientos de información formulados por los asambleístas Paola Cabezas, Humberto Tapia y Victoria Desintonio. Para esclarecer el marco normativo, nuestro asesor de la Comisión, Pablo Vásquez, explicó los procedimientos legales que rigen la entrega de información a las comisiones especializadas, conforme al artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
En este contexto, la legisladora Mónica Salazar presentó una moción para aprobar la resolución sobre estos requerimientos, resaltando la necesidad de que las autoridades respondan de manera oportuna y efectiva a los pedidos de la Asamblea. Su moción recibió nueve votos afirmativos, reflejando el respaldo mayoritario de la Comisión.
Luego, pasamos al conocimiento de la Resolución CAL-RVVR-2023-2025-0132, que trata sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés, presentado por la asambleísta Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional. En su intervención, Pablo Vásquez confirmó que esta propuesta cumple con los requisitos legales establecidos en la Constitución y en la LOFL, por lo que puede continuar con su trámite legislativo.
El asambleísta Franklin Samaniego presentó la moción para aprobar la resolución vinculada a este segundo punto, subrayando la importancia de establecer mecanismos claros para regular los conflictos de interés en la gestión pública. Su moción fue aprobada con nueve votos a favor.
Con el cumplimiento del orden del día, di por clausurada la sesión, reafirmando el compromiso de nuestra Comisión con la transparencia y el control ciudadano. Seguiremos trabajando para garantizar que las resoluciones y proyectos de ley que abordamos respondan a los principios de ética, responsabilidad y servicio público.