Ramiro Aguilar Torres nació el 31 de agosto de 1968 en la ciudad de Quito. En 1991 se graduó como Licenciado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo del derecho.
El 17 de febrero de 2013, 272.000 ciudadanos ecuatorianos lo apoyaron con su voto, y fue elegido para representarlos en la Asamblea Nacional, en el período 2013 - 2017.
Entrevista a Ramiro Aguilar Torres. Jurista y asambleísta nacional por SUMA ¿Qué mensaje recibe el Ecuador con la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en la que se ordena al Estado indemnizar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, destituidos en 2004, por esa mayoría del Congreso, afín a Lucio Gutiérrez? Es un fallo de gran importancia, porque materializa el principio de responsabilidad del Estado y de corresponsabilidad de los funcionarios públicos cuando se trata de la vulneración de derechos. Es la primera vez que se discute sobre la necesidad de regresar a ver al funcionario que un momento determinado, investido del poder público, metió al Estado en un acto ilegal y por lo cual tiene que pagar y reparar. ¿La figura de la repetición, donde el funcionario debe reparar de forma personal un acto ilegal, debe ser aplicada de manera obligatoria por el Estado o es discrecional? Es imperativa y es la primera vez que son actores políticos a los que se les está pidiendo cuentas. ¿Qué sucedía antes? Los jueces podían violar determinados derechos en sus fallos y cuando el Estado era condenado por ello no pasaba nada, porque se aplicaba el entendido equivocado de que por ser juez era factible de cometer fallas. Así se pasaron por alto casos muy graves donde, en el mejor de los casos, el Estado pagaba la indemnización pero a quienes emitieron esas sentencias no se les hizo nada. Esto obedecía a una lógica política. ¿Cuál? El poder judicial estaba en manos del Partido Social Cristiano (PSC). La Contraloría estaba en sus manos y buena parte de los congresos de la época, entonces funcionaba la lógica del 'yo te cuido'. El PSC protegía desde todos sus ámbitos a estos funcionarios. Esto, en cierta forma, es lo que está pasando ahora con el correísmo que maneja las cortes, los jueces y las instituciones. ¿El mismo esquema? Exactamente igual. Lo curioso ahora es que el fallo de la Corte-IDH le salta al Gobierno de forma inesperada porque son sus opositores políticos los que se metieron en este lío del 2004: el MPD, Sociedad Patriótica, los socialistas. Esta resolución es un pastel para el Gobierno porque tiene que hacerles responder frente a la repetición. Más bien el fallo de la Corte-IDH debe preocupar a Alianza País ya que en 10 años puede haber dictámenes similares ante hechos cometidos en este Gobierno. ¿O no? Por supuesto. Y le doy dos casos: el tema del Yasuní y la Ley de Comunicación. Y un tercero: la destitución de los 57 diputados del Congreso del 2007, a cargo del Tribunal Supremo Electoral controlado por el Gobierno. Correcto. Por eso, el mensaje de la Corte-IDH es que todos somos judiciables y que todos tenemos que cuidarnos de cumplir con la Constitución, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Pacto de San José. Sin embargo, el Gobierno ha descargado toda su artillería diplomática para cuestionar el Sistema Interamericano. El Presidente de la República se embarca en una pelea con el Sistema Interamericano, no por una decisión del Ecuador, sino porque Venezuela había librado su propia batalla. Por eso, su posición es ambigua y acata la sentencia de la Corte-IDH referida a la destitución de los jueces el 2004. ¿Y qué va a pasar si, como anticipa en una columna de opinión el exdirigente socialcristiano Xavier Neira, la Corte-IDH falla a favor de los 57 diputados destituidos en este Gobierno? ¿El Régimen aceptará que se violaron los derechos de estas personas? Tendrá que el Estado pagar y los que eran miembros del TSE sacar sus chequeras. Cuidado con ver este problema desde una manera simplona y ponerlo en el gran costal de esos casos que estamos perdiendo, como son los juicios petroleros o los de las violaciones a los Derechos Humanos. ¿Entonces? Lo que hay que entender es que el Ecuador se volvió un país abusivo, irrespetuoso de derechos y violador de la ley. Quitamos a los petroleros los pozos violando los contratos y pensando que en la Justicia ecuatoriana nada les iba a pasar. Entonces, los afectados fueron a las cortes internacionales y ganaron. Nos bajamos la Corte, el TC o el Congreso pensando en que no se va a aplicar la ley nacional, pero en los tribunales internacionales ya estamos perdiendo. Con este mensaje debemos entender que este país no es una isla. ¿Cómo entender el comportamiento de esos políticos del 2004: ambición, euforia o desconocimiento? Fue soberbia. En las actas de la sesión del 8 de diciembre, cuando se tumbaban la Corte, hay diputados que dicen que esto no se puede hacer. Pero no les importó. Creyeron, como dijo José Martí, que su aldea era el mundo entero. Si la Corte-IDH señalara que la destitución de los 57 diputados fue ilegal, ¿qué pasaría con la actual Constitución, que surgió de esa resolución? Esa destitución fue un acto ilegal, inconstitucional y arbitrario. Por sentido común, el TSE no podía destituir al primer poder del Estado, elegido por voto popular. Pero asumieron los diputados suplentes (de los manteles) y dieron paso a la consulta popular para llamar a una Constituyente. Por voto popular, el país decidió crear una Asamblea de plenos poderes. De todo esto hay que saber determinar qué fue ilícito y qué no. ¿Y fue lícito que la Asamblea de Montecristi, en lugar de respetar la selección de la nueva Corte Suprema que se hizo en el 2005 y 2006 con el apoyo de la OEA, decidiera reestructurarla? ¿Y que el Gobierno la haya cambiado de nuevo vía consulta el 2011? De acuerdo, entonces determinemos cuál es el precio que ha pagado el Ecuador por todo esto. ¿Demandas millonarias en cortes internacionales? No, hay un precio mucho más caro. Que usted camine un metro por fuera de la frontera ecuatoriana y nos demos cuenta que nuestra Justicia es percibida como de cartón. Sus fallos causan risa, no hay quien crea que los culpables declarados por nuestra Justicia realmente lo son. Nadie cree que en este país hay un debido proceso imparcial. Por eso tantos asilos políticos. La Justicia puede cometer errores, pero esos errores los tienen que cometer jueces imparciales, no jueces de trapo. Los jueces que usted cuestiona están en el poder... Hasta que nos toque pagar los 2 mil millones de dólares por todos los fallos que estamos por perder en el Tribunal de Arbitraje de La Haya por demandas petroleras. Y lo peor es que en el Presupuesto del Estado para el 2014 no está ni como contingente ese dinero. ¿Se refiere al caso Chevron? Claro. En la demanda ante La Haya, Chevron dice que hay una alianza entre los abogados de los supuestos perjudicados y el Estado ecuatoriano. Y la Asamblea Nacional, hace tres semanas, emite una resolución de apoyo por este caso con lo que prácticamente termina dando la razón a Chevron. ¿Por qué la Asamblea se mete en un tema que era entre la petrolera y particulares? Es porque el Presidente de la República les dio instrucciones. Y el Presidente se mete porque tiene miedo de que le cueste los USD 2 mil millones. A más del tema petrolero, el Estado ha recibido acusaciones en materia de derechos humanos por los fallos de la Justicia. La lista es extensa: Pepe Acacho, Cléver Jiménez, Fidel Araujo, Mery Zamora, los 10 de Luluncoto, los veedores del Gran Hermano, los chicos del Central Técnico... ¿Todos ellos podrían ir al Sistema Interamericano? Sin duda, y aunque la respuesta del Gobierno puede ser no acatar posibles sentencias de la Corte-IDH, por ser casos surgidos en el correísmo, pasarán los años y vendrá otro Gobierno. Esto es un asunto de credibilidad. De lo contrario, nadie va a invertir nada en un país donde no hay estabilidad jurídica. ¿Es un buen momento para que la administración de Justicia, liderada por Gustavo Jalkh, haga una evaluación sobre cómo está caminando? La última vez que vi al Dr. Jalkh fue en la calle, en el 2004, cuando se tumbaron la Corte. Todos queríamos una Justicia independiente. Ahora, el Dr. Jalkh es el dueño y señor de la Función Judicial. Jalkh sostiene que el sistema judicial es independiente. ¿Independiente de qué? Usted cree que Fidel Araujo o Galo Lara tuvieron un juicio independiente, más allá de si son o no culpables. Lo lamentable en todo esto es que no nos damos cuenta de que somos los ecuatorianos los que terminaremos pagando todo esto. Del erario público, es decir de nuestros impuestos, saldrá el dinero para pagar a las petroleras o a los jueces destituidos. ¿El fallo de la Corte-IDH es una lección para los políticos? Para los políticos pícaros. Los políticos y los ciudadanos de bien siempre vemos en la Constitución y las leyes nuestro referente. La justicia ecuatoriana y los jueces que condenaron a Jiménez, a Zamora a Acacho, a Araujo tienen que poner las barbas en remojo hasta que este episodio de empacho de poder termine. No creo que de esto saquen alguna lección, más es el miedo ante el líder poderoso que el valor de la dignidad de un juez que se diluye por un sueldo. El debate de la manipulación de la Justicia no es nuevo… ¿Se acuerda cuando en 1984 se rodeó de tanques la Justicia porque León Febres Cordero se oponía a que el Congreso nombrara fuera de tiempo a los nuevos jueces? No señor, la manipulación data de 1979, cuando la Cámara Nacional de Representantes, presidida por el cefepista Asaad Bucaram, nombró una nueva Corte y se empezaron a repartir los cuadros. Ese año fue el punto de inflexión, claro que la diferencia era que quienes se repartían la Justicia antes sí sabían de derecho. Luego, el control de la Justicia se convirtió en el mejor negocio del mundo. Enlace a la publicación en El Comercio
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