El informe analiza las responsabilidades de las instituciones competentes, el presupuesto, el sistema de seguridad, la política criminal, la administración y gestión del sistema de rehabilitación social, la seguridad e inteligencia penitenciaria, la situación de las personas privadas de libertad y la seguridad fronteriza.
El Estado ecuatoriano desde el 2016 hasta la actualidad ha dado la espalda a las personas privadas de libertad y no ha contado con un verdadero sistema de rehabilitación social inobservando instrumentos internacionales y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
