La crisis carcelaria no puede ser limitada solamente a un conflicto entre bandas. Es un problema multicausal que parte; por ejemplo, de garantizar el acceso a los servicios básicos y a derechos fundamentales como la salud. Desde 2013, el Mecanismo para la Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes ha advertido sobre los cambios que son necesarios para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. El sistema de rehabilitación social tiene que tener como objetivo que la persona privada de la libertad, una vez que haya sido liberada, tenga posibilidades de reinsertarse económica y socialmente. Caso contrario, los centros de personas privadas de la libertad se convierten en centros de perfeccionamiento de la delincuencia y criminalidad.
