Como Asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, ante los acontecimientos públicos, ocurridos el martes 9 de julio de 2024, expongo mi pronunciamiento:
En reiteradas ocasiones he manifestado que las comparecencias de autoridades y las temáticas a tratar dentro de la comisión de fiscalización son definidas únicamente a criterio de la presidencia de la Comisión. Lamentablemente, no se realiza un análisis previo de los asuntos a tratar, ni se establece un plan de trabajo específicos para estas comparecencias, que es lo que he solicitado.
En nuestro país, semanalmente surgen escándalos de relevancia nacional, quien preside la Comisión de Fiscalización y Control Político, basándose, como lo manifiesta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convoca a las sesiones con 24 horas de anticipación, incluyendo el llamado a comparecer a las autoridades o personas que considera pertinentes, como ejemplo lo que sucedió el día de ayer martes 9 de julio de 2024 , cuando se trató el caso del Banco del Pacífico, mencionado que se realiza la comparecencia por la conmoción social y por las notas de prensa generadas por un audio. Se convocó a miembros de la Superintendencia de Bancos y del Banco del Pacífico para que explicaran este tema. Los comisionados, sin previo conocimiento del tema, asistimos a la sesión, insistiendo en mi intervención, la necesidad de conocer información previa para analizar y resolver estas cuestiones relevantes antes de convocar a las autoridades.
Es evidente que la premura o lo delicado de ciertos temas impiden la asistencia de varios comparecientes, más aún de quienes no son políticamente responsables, es decir no están obligados a asistir. Además, muchos de estos temas ya están siendo investigados por las entidades competentes, como la Fiscalía y Contraloría, por eso a mi criterio y de otros compañeros asambleístas, no deberían ser abordados por esta Comisión, con tanta rapidez, convirtiendo las comparecencias en procesos inútiles, como efectivamente ocurrió el día de ayer.
La Superintendente Antonieta Guadalupe Cabezas explicó que ya se ha iniciado una investigación interna, la cual no puede ser informada debido al sigilo bancario y su duración será de dos a tres meses. La legisladora Adriana García, también informó que este tema ya está en Fiscalía y que la Comisión no obtendrá mayor información.
Oportunamente solicité, a la señora presidenta, la posibilidad de generar un trabajo más orgánico, ordenado y consensuado. Esto causó molestias en los asambleístas de una bancada, la cual, utiliza epítetos para descalificar el criterio del resto de comisionados por no compartir su visión de fiscalización. Se nos acusa de querer evitar la fiscalización y encubrir actos de corrupción, lo cual está totalmente alejado de la realidad. Si hay temas que están siendo tratados por la justicia ordinaria, deben continuar siendo investigados por la misma, que es la responsable de dictaminar responsables.
En el tema del Banco del Pacífico, como ya lo había anunciado, no obtuvimos ningún resultado útil para otras investigaciones, pese a eso, en aras de permitir que la Comisión de Fiscalización y Control Político pueda seguir trabajando, los asambleístas no abandonamos la sesión. Sin embargo, reafirmamos que debe manejarse una agenda coherente y coordinada con todos los miembros de la comisión, sin intereses particulares, ni de una bancada.
Lamento también los malentendidos, el cruce de palabras y los enfrentamientos entre integrantes de la comisión, lo cual no puede ser permitido y no debe repetirse. El respeto debe primar, algunos términos utilizados por una bancada, permanentemente acusando a quienes no pensamos igual de defender la corrupción, son inapropiados y distorsionan la realidad, además de generar un mal ambiente en la Comisión.
Reitero mi compromiso de trabajo con transparencia y eficiencia en el ejercicio de mis funciones legislativa y fiscalizadora; El país necesita coherencia y responsabilidad.
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Asambleísta por la provincia de Tungurahua
