La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes inició el proceso de fiscalización del denominado caso mecheros, enfocando su análisis en las graves afectaciones que estas infraestructuras han generado sobre la salud, el entorno y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Durante la jornada, se recibió al delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, quien informó que la institución realiza un seguimiento permanente al proceso de apagado definitivo de los mecheros petroleros en dicha zona. Asimismo, indicó que se ha solicitado información a varias entidades del Ejecutivo, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, a fin de conocer de manera específica las acciones adoptadas para atender a la población infantil y adolescente afectada. Esta información será sistematizada y remitida a la Comisión para su análisis.
El asambleísta Comps Córdova, solicitante del proceso de fiscalización, recordó que existe una sentencia judicial que ordena el apagado progresivo de los mecheros, decisión que debe ser cumplida por los organismos responsables luego de más de cinco décadas de impacto ambiental y sanitario sobre las comunidades amazónicas.
En el espacio de comisión general, fueron escuchadas las ciudadanas Kerly Herrera, Dannya Bravo y Liberth Jurado, proponentes de la acción de protección que dio origen a esta causa. Expresaron su preocupación por el incumplimiento de la sentencia desde 2023 y destacaron que, pese a los discursos oficiales, aún existen unidades educativas ubicadas en zonas cercanas a los mecheros, lo que compromete seriamente la salud y seguridad de niñas, niños y adolescentes. Insistieron en que no quieren heredar enfermedades como el cáncer producto de esta contaminación constante, y reiteraron su exigencia de eliminar de manera definitiva estos artefactos.
Las comparecientes también recordaron que entre los puntos solicitados en la acción de protección consta la creación de un hospital oncológico en la provincia de Sucumbíos, como medida urgente para atender los crecientes casos de cáncer sin obligar a las familias a desplazarse a otras ciudades para recibir tratamiento.
Finalmente, la Comisión escuchó al abogado Pablo Fajardo, representante legal en esta causa, quien explicó que la acción se dirige contra el Estado ecuatoriano por permitir, a través de sus instituciones, la existencia y operación de los mecheros. Indicó que lejos de cumplir con la sentencia, en algunos sectores incluso se ha incrementado el número de estos focos de contaminación.
La Comisión continuará con este proceso de fiscalización, exigiendo respuestas claras y acciones concretas que garanticen la protección integral de la niñez y adolescencia amazónica, en cumplimiento de la Constitución, la ley y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Asambleísta por la provincia del Guayas
