

En su intervención, el asambleísta Ricardo Patiño abordó con preocupación la decisión del Pleno de aprobar la denuncia del Estatuto Migratorio binacional entre Ecuador y Venezuela, un instrumento jurídico firmado en 2010 que, en su momento, facilitó la movilidad y regularización de miles de ciudadanos en ambos países. Recordó que fue él mismo quien suscribió ese acuerdo en su calidad de canciller, y por ello destacó que la medida hoy debatida tiene una carga histórica y humanitaria que debe considerarse con rigor.
Aunque reconoció los argumentos del Ejecutivo y de la mayoría legislativa en torno a que el instrumento había dejado de cumplir sus objetivos originales —debido a cambios en los flujos migratorios y a recortes de financiamiento internacional para programas de acogida—, Patiño sostuvo que la decisión de denunciar el estatuto no era, en su opinión, la mejor opción para proteger derechos y garantizar la inclusión de los migrantes. En ese sentido, afirmó que su bancada —Revolución Ciudadana— comprendía pero no compartía la iniciativa, y por ello optó por abstenerse en la votación, subrayando la necesidad de fortalecer acuerdos bilaterales que beneficien de forma real a quienes se encuentran en movilidad humana.
Con esta postura, Patiño planteó un llamado a que las decisiones del legislativo consideren no solo criterios técnicos o de política exterior, sino también el impacto social y los derechos humanos implicados en la regulación migratoria, buscando soluciones que armonicen soberanía estatal con dignidad y protección para las personas en situación de movilidad.